Por unanimidad de votos, la Corte de Apelaciones declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la exfiscal Francia Medina para revocar auto de formal procesamiento en el caso de sustracción de más de 88 millones de lempiras en 2021 del Banco Central de Honduras (BCH).

El MP explicó que la defensa de la exfiscal interpuso un recurso de reposición contra resolución de la Corte de Apelaciones, sin embargo, el mismo fue declarado sin lugar.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones le confirmó a Medina el auto de formal procesamiento, con la medida de prisión preventiva, por los delitos de:

  • Lavado de activos.
  • Sustracción.
  • Destrucción.
  • Ocultación u inutilización de documentos en custodia.
  • Uso de información privilegiada.
  • Enriquecimiento ilícito.
  • 38 delitos de falsificación documentos públicos.

MP presentó 22 medios de prueba que vinculan a Medina en la sustracción del dinero

En la audiencia inicial el pasado 4 de diciembre, el MP expresó que presentó más de 22 medios de pruebas que vinculan a la profesional del derecho con el retiro de 88 millones 600 mil lempiras que el BCH mantenía guardados como evidencias de casos de lavado de activos.

De acuerdo a las investigaciones de equipos especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), estos retiros los realizó la fiscal Medina sin haber comunicado a las autoridades superiores del MP en los últimos dos años para darles un destino personal.

Por otra parte, amplió que el Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción suspendió a la imputada del cargo como fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).

Atic le aseguró bienes inmuebles y muebles

A través de la Fescco y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), le aseguraron a la imputada siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias situados en los departamentos de Comayagua y Cortés.

El MP reiteró que se seguirá con el proceso de depuración en contra de fiscales, agentes o cualquier empleado de la institución que esté dedicado a cometer hechos delictivos, porque no se permitirá más corrupción.

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