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“No tenemos un fondo para responder a la magnitud del fenómeno de desplazamiento. Mientras no tengamos ese presupuesto, vamos a atender casos pilotos”, dice a tunota Guido Eguigure, viceministro de la SEDH.
Eguigure confirmó que aunque la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente entró en vigencia en marzo pasado, el presupuesto estará disponible hasta el 2024.
“Esos 150 millones de lempiras se van a programar en el presupuesto del 2024, por ahora trabajamos en establecer el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente (Sinadefi).
La partida debe ser manejada directamente por el Fondo para la Atención de las Personas Desplazadas Forzadamente (Fapdef), que es parte del Sinadefi.
De dichos recursos, un 20% podrá ser destinado a medidas orientadas a propiciar el logro de soluciones duraderas como apoyo para establecer un pequeño negocio o microempresa.
Mientras que el 80 % es para asistencia humanitaria temporales.
Eguigure djo que "lo poco que hacen" para atender a los desplazados es gracias a los fondos que aporta la cooperación internacional, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Comisión Internacional de la Cruz Roja y la Agencia Alemana GIZ, aunque no precisó el monto que aportan.
La creación de ayuda financiera a los desplazados también es parte del Plan Nacional contra la Extorsión y Delitos Conexos que el gobierno lanzo en diciembre de 2022.
Desplazados
Entre 2004 y 2018, un total de 247 mil hondureño fueron obligadas a desplazarse de sus casas por amenazas, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados.
En el 2022 la Dirección de Protección de la SEDH atendió 74 casos de víctimas de desplazamiento por violencia y en el 2023, son 15 casos atendidos, beneficiando a 129 personas.
Honduras en el año 2022 cerró con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 35.8, la más baja de la última década.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en un informe reveló que son 18 mil millones de lempiras los que pagan los hondureños por el cobro de extorsión.
El 9 % de los hogares hondureños, es decir 206 mil han sido víctimas del cobro de la extorsión.
Lea: Más de 200 mujeres fueron desplazadas por la violencia hasta octubre pasado en Honduras
Prioridades
Mientras se asignan los recursos, el viceministro de la SEDH dice que trabajan con la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente (CIPPDEF), conformada por todas las instituciones del Estado.
Tienen en puerta incluir en la encuesta de hogares que levantará el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un módulo que generará datos reales del fenómeno del desplazamiento en el país.
“Es la oportunidad de tener en detalle de lo que significa ese fenómeno en términos numéricos, con datos geográficos y tendremos datos realistas”, apunta el funcionario.
Pero además dice Eguigure que trabajan con el Instituto de la Propiedad (IP), para crear mecanismos de protección de los bienes que dejan los desplazados y que estos no se transfieran ni vendan.
“A futuro esperamos reubicar a las personas permanentemente, restituir o hacer una reparación de un bien que no es posible recuperar, pero son planes a futuro”, señaló.
Avance significativo
Para la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) Liliana Reyes, la aprobación de esta ley es un avance significativo en el país.
“Aprobar la ley significa un logró para todas las instituciones que trabajamos a favor de las víctimas de desplazamiento. Constituye un marco jurídico de protección a todas las víctimas, y de respuesta a su realidad”, dijo.
La movilidad interna forzada por violencia es el primer paso para que las personas salgan del país, dice, por su parte, Edgardo Molina, especialista en migración de Plan International Honduras.
“Hay que incidir para que esta ley sea funcional y tenga un presupuesto para fortalecer la dirección de desplazados por violencia” señala.
Pero el técnico de Plan Internacional dice que se debe tener un registro de las personas desplazadas para tener datos reales de cuántos hondureños son los que al final terminan saliendo del país.
“Es un avance la ley, pero debe respaldarse con recursos y el esfuerzo de todos y no que sea un papel más, aprobado en el Congreso Nacional”, señaló Molina.
Además: Congreso aprueba ley para proteger a desplazados por violencia
Dato
La SEDH tiene un enlace con la Secretaría de Educación, que apoya a los niños que al desplazarse abandonan los centros educativos para extender la documentación que garantice que puedan inscribirse en las escuelas a las que llegan.