El Congreso Nacional aprobó el decreto 33-22 mediante el cual creó le Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por covid-19, que preveía ampliar el acceso a internet a la población para que se ampliara la impartición de clases, entre otros beneficios.

No obstante, ninguna autoridad gubernamental ha presentado evidencias de que el servicio haya mejorado.

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Esa norma autorizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), para que modifique los contratos suscritos con los operadores de telefonía celular que dan
servicio de internet.

A unos cuatros meses de que la legislación haya entrado en vigor, no existen reportes de que la penetración tecnológica se haya acrecentado en beneficio de los estudiantes, especialmente en las zonas rurales.

Además: Más de 250 mil alumnos hondureños reciben clases por llamada, mensaje de voz o de texto