El especialista en administración de justicia penal, Kenneth Madrid, considera que la fusión de la jurisdicción de delitos de corrupción con la de delitos tributarios y crimen organizado fue un error.

Según Madrid, esta fusión facilitó el nombramiento de personal del Poder Judicial "de dedo" lo que ha dado lugar a casos de corrupción, como el reciente caso del coordinador del Juzgado de Letras en Materia de Corrupción y Crimen Organizado, Marco Vallecillo, acusado de extorsión.

Madrid recordó que la Jurisdicción Nacional Anticorrupción se estableció bajo la presión de la antigua Misión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que garantizó un proceso de selección por oposición para los jueces que la integraron.

A los abogados que participaron en el proceso "se les hizo pruebas de conocimiento y de confianza, y muchas personas que no cumplían con los requisitos de idoneidad fueron apartadas", dijo Madrid.

"El problema surgió porque esos nombramientos fueron iniciales. Cuando la Maccih se retiró del país, la Corte Suprema de Justicia pasada sintió que estaba en libertad para nombrar a quien quisiera y comenzaron a hacerlo de dedo", agregó.

La actual CSJ ha seguido la misma práctica, nombrando funcionarios "de dedo" después de crear el nuevo circuito judicial, según Kenneth Madrid.

"Desde la Corte anterior a la actual, dejaron de hacer las pruebas de selección y comenzaron a nombrar a personas basándose en criterios no objetivos ni medibles. Esto resultó en la situación actual, donde se cometen delitos debido a la falta de un proceso meritocrático. Finalmente, dañaron las jurisdicciones porque no es lo mismo juzgar corrupción que juzgar extorsión", manifestó el experto.

La fusión jurisdiccional, según la justificación de la Corte actual, se realizó porque no había suficiente carga procesal en los casos de corrupción. Sin embargo, Madrid opina que una alternativa hubiese sido capacitar a jueces en la escuela judicial.

"No se debió fusionar el circuito judicial, ya que se perdió en efectividad y especialidad", agregó.

Madrid se refirió al caso del juez Marco Vallecillo por haber sido nombrado por la actual administración de la CSJ, y ahora está imputado por extorsión.

Acusación contra juez

La denuncia contra Vallecillo fue revelada el sábado 17 de agosto por el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya.

Zelaya afirma que el juez utilizaba su nombre para extorsionar a personas investigadas por corrupción a cambio de cerrar procesos administrativos o conceder sobreseimientos definitivos en sus causas.

En este contexto, Madrid sostiene que la Corte enfrenta el desafío de limpiar el Poder Judicial e investigar a fondo para separar disciplinariamente al juez imputado.

Según Madrid, las audiencias contra Vallecillo no se harán públicas a menos que el caso llegue a juicio oral y público. Solo así se podrá conocer cómo operó y qué otras personas están involucradas, ya que "en las redes de corrupción no se actúa solo".

"Ojalá que esta investigación llegue a fondo, que el Ministerio Público no se quede ahí y que se pueda determinar quiénes son los demás actores de esta corrupción", expresó.

Por su parte, el magistrado de la CSJ, Mario Díaz, señala que "la corrupción y la criminalidad son capaces de penetrar cualquier entidad estatal" y que el caso del juez Vallecillo no es el único.