El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge González, informó este jueves que ha planteado al Gobierno la liquidación de esta estructura debido al perjuicio económico de más de mil millones de lempiras, por parte de administraciones pasadas.

González indicó que el perjuicio a la OABI se detectó a través de una auditoría forense que se realizó a la institución, por lo que debe de liquidarse y crear una nueva estructura con una nueva ley o reforma a la actual normativa "que le permita eficientar la parte administrativa y operativa".

Según el funcionario, la auditoría forense reveló entre otras irregularidades, la violación a los procedimientos utilizados para fines de la adquisición de cualquier bien incautado y que la OABI administra.

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El director de la OABI indicó que los responsables del perjuicio económico son las administraciones anteriores de la Oficina, por lo que "las autoridades que correspondan tienen que deducir las responsabilidades que el caso amerita".

Mientras tanto, "la propuesta nuestra para trabajar de una manera más fluida es construir una nueva OABI, la anterior que sufra un proceso de liquidación porque hay mucha situación que se tiene que atender en término de una serie de procedimientos que se han utilizado contrarios a la ley", agregó.

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De acuerdo con la auditoría forense, desde su creación en 2013, la OABI ha ingresado 7,099 bienes muebles e inmuebles, de los cuales actualmente "un poco menos de la mitad" están en posesión.

Investigación de presuntas irregularidades en la OABI

Sobre el mismo tema, el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco), Juan Carlos Griffin, dijo que le compete al Poder Ejecutivo analizar si es viable liquidar la OABI, dado que según sus autoridades, está en una situación financiera deplorable.

Griffin dijo también que la Uferco está interesada en canalizar con el Ministerio Público las presuntas irregularidades en la Oficina y que se determine qué unidad debe de investigarlas, en caso de que no hayan líneas abiertas actualmente.

En caso de liquidarse la institución, la documentación que sirva para investigaciones por presuntas irregularidades se decomisan y se resguardan para abrir una investigación y en todo caso presentar requerimientos fiscales, sostuvo Griffin.

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