"Recibí un mensaje de un diputado, que por ahora voy a mantener en reserva, diciéndome que ya hay una intención de parte del oficialismo de usar las mismas prácticas deshonestas que en su momento hizo Juan Orlando Hernández del 'tilín tilín' para conseguir votos", dijo Espinoza.
La parlamentaria aseguró que si el oficialismo retoma esas malas prácticas del pasado, cada partido político deberá de tomar sus medidas de esas acciones "inmorales y delictivas".
Recientemente, durante el programa 30/30 de TSi, Maribel Espinoza aseguró que en el Congreso Nacional hay regalías y pagos a diputados, además de haber visto carros blindados llegando al Legislativo hondureño.
"He visto carros blindados por todos lados. Pero también he visto algo que me parece que al estar en un Gobierno de austeridad, no puede pasar, pero he visto pagos a diputados. A mi me lo confesó un jefe de bancada. Me dijo 'abogada están comprando a los diputados', esas denuncias salieron", denunció.
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Libre lo niega
Por su parte, la diputada de Libre, Silvia Ayala, aseguró que no se le ha ofrecido dinero a ningún diputado del Legislativo para que voten a favor de la fórmula de Joel Antonio Zelaya Álvarez como fiscal general y Marcio Cabañas como fiscal adjunta.
"Así como se dio la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se está realizando el proceso de elegir al fiscal general y no se le ha ofrecido ni un solo centavo a nadie; eso es parte de una práctica de no seguir propiciando la corrupción, porque una persona que vende su voto no tiene ética ni compromiso con la patría", explicó Ayala.
Por lo contrario, la diputada de Libre indicó que se está realizando la investigación de cuál fue la millonaria suma que en concepto de prestaciones se le pagó al exfiscal general Óscar Chinchilla.
Quien también denunció los supuestos sobornos fue el diputado de Libre, Marco Eliud Girón, quien indicó que durante una sesión para la elección de los fiscales, recibió un sobre sellado que decía: "Doctor, le ofrecemos 20 millones de lempiras por el voto al fiscal general, apoyando a (Marcio) Cabañas".
De igual manera, el parlamentario de Libre, Allan Cárcamo, aseguró que a él lo intentaron sobornar al inicio del proceso, pero sin indicar quién le hizo la propuesta.
"Nos han ofrecido (dinero) desde el principio. No puedo dar nombres porque solo mandan los sobrecitos y mandan a alguien que lo entreguen para que los apoyemos, pero eso no va a suceder", reveló.
El escenario cambia
Por su parte, el abogado penalista German Licona pidió que el Ministerio Público investigue de oficio las denuncias de supuestos sobornos en el Congreso Nacional para los procesos de elección de segundo grado.
"Es una denuncia grave y eso tiene que hacerlo trascender a través de una denuncia para seguir el hilo conductor de la escena criminológica y que esto pueda dar luces de quiénes son en realidad los que están tratando de desestabilizar el proceso", declaró Licona.
Para Licona, esta práctica por lo general proviene desde el oficialismo como habría ocurrido en pasadas administraciones, pero esta vez el escenario cambia al venir desde la oposición.
"Lo que están buscando es las herramientas y mecanismos que les puedan servir para evadir la justicia y esa situación tiene que tomarse en consideración al momento de la denuncia", concluyó.
Sin consensos en el Legislativo
Los diputados del Congreso Nacional aún no llegan a ningún consenso en cuanto a la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
La elección requiere de 86 votos, un panorama que se ve lejano ante la falta de consensos, principalmente, entre el oficialista partido Libre y el opositor Partido Nacional.
Libre postula a Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal general adjunto, pero esa nómina solo ha recibido 52 votos.
Mientras que la nómina del Partido Salvador de Honduras (PSH), que incluye a Marcio Cabañas ( para fiscal general) y Jenny Almendares ( fiscal adjunta), ha sido respaldada con 74 votos, incluidos los 43 del Partido Nacional y los 22 del Partido Liberal.
Esta última es la que más se ha acercado a la mayoría calificada de 86 votos que se requiere para elegir a las máximas autoridades del Ministerio Público que ejercerán entre 2023 y 2028.
El exfiscal general, Óscar Chinchilla, y el actual fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, cumplieron su mandato constitucional de cinco años el pasado 31 de agosto.
