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A criterio del sociólogo hondureño Marcio Sierra, detrás del debate sobre derogar o reformar el nuevo Código Penal, que entró en vigencia el 25 de junio, “hay intereses de por medio y un juego político”.
Sierra dijo que hay ciertas cosas extrañas, ya que en mayo de 2019 el Ejecutivo sancionó el decreto 130-2017 contentivo de la nueva Ley Penal, y ahora “retrocedió”. “Esas son cosas que son parte del juego político”, y deben intervenir los tres poderes del Estado para coordinar un análisis de la Ley, sostuvo en el programa Frente a Frente.
No obstante, el analista pide no caer en el error de dramatizar y jugar intereses particulares en lo político que afecten todo lo que está débil ahora, como la bioseguridad y la seguridad ciudadana. “Debemos ser sabios y creo que el Partido Nacional no va a caer en una trampa”, expresó.
{"url":"https:\/\/youtu.be\/hScU-P6KPu0","type":"video","providerNameSlug":"youtube","className":"wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"} -->Sierra considera que el Congreso Nacional debe recepcionar dentro de la legalidad la propuesta del Ejecutivo, de derogar o reformar el nuevo Código Penal y “hacer lo que se tenga que hacer para bien del país, sin alarmar a la gente, sino verlo con objetividad”.
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“La jugada política”, ¿buena o mala para el gobierno?
“A mí me parece que si es un juego político, la jugada política del Poder Ejecutivo es buena, en el sentido que pone un adecente a un proceso que puede perjudicar a la ciudadanía y que se está considerando legítimo que se hagan las reformas”.
“Hay que prever que esta cuestión del Código Penal no vaya a complicar más la situación de seguridad ciudadana que con tanto ahínco se ha venido trabajando y no vaya a provocar tampoco una crisis (política) en este momento”, agregó.
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Aunque el Ejecutivo en primera instancia sancionó la Ley y ahora pide reformas, “es un buen paso”, se debe ver con buenos ojos y el Congreso debe adoptar una “posición inteligente” y recibir esa postura con apertura, y si es posible involucrar a la Corte Suprema de Justicia, sostuvo el sociólogo.
Mientras, el general retirado de las Fuerzas Armadas y presidente del Partido Alianza Patriótica, Romeo Vásquez, dijo que el nuevo Código Penal es una herramienta legal que no favorece a los intereses de Honduras y no reduce niveles de seguridad que debe tener el país.
Vásquez aseguró que su partido defenderá la decisión de abrogar la Ley, aprobada en una sesión extraordinaria de diputados de oposición, que según el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, no tiene validez.
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