Además, se pidió a la Corte de Apelaciones correspondiente que emita un auto de formal procesamiento por fraude contra el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, quien únicamente fue procesado por violación a los deberes de los funcionarios en el caso de corrupción denominado Pandora II.

En relación con otros implicados en el caso, como el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, la exgerente administrativa de Sefin, Lilia Bográn, y el director de presupuesto de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona, se les decretó sobreseimiento por fraude.

Mientras que para el exgerente administrativo de Sefin, James Aldana, se dictó un auto de formal procesamiento por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

VEA: CN anuncia reformas penales, incluyendo la despenalización de delitos contra el honor

Pandora II

La investigación de la Uferco revela que estos altos exfuncionarios habrían formado parte de una red de corrupción entre los años 2010 y 2013, la cual participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos que superaron los L288 millones. Estos fondos fueron autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista por diversas instituciones públicas como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.

El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, extraditado a Estados Unidos y a la espera de que comience un juicio en su contra por narcotráfico el próximo 12 de febrero, también está involucrado en este caso, presuntamente habiendo recibido al menos L62 millones para financiar su campaña política a través de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios.

Estos fondos provendrían de desembolsos realizados desde instituciones públicas a las fundaciones mencionadas anteriormente, siendo parte de los movimientos "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", así como a la sociedad mercantil "La Cachureca" y sus gerentes de campaña departamentales.

Según las investigaciones, el expresidente Lobo Sosa habría tenido una participación directa en todas las ampliaciones presupuestarias, facilitando los desembolsos a las fundaciones mediante el traslado de fondos entre secretarías.

En cuanto a Wilfredo Cerrato, se le atribuye la aprobación de una ampliación de L35 millones que fueron destinados a la fundación Todos Somos Honduras.

Por otro lado, un octavo coimputado en el caso no se presentó a la audiencia de declaración de imputado, por lo que se ha emitido una orden de captura en su contra.

Es relevante mencionar que el requerimiento fiscal ha sido presentado en la Corte Suprema de Justicia debido a la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien, después de cesar en su cargo, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, situación que aún persiste.

LEA: La estrategia de JOH detrás de usar traje formal durante su juicio