El excandidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eduardo Martell, solicitó que se conforme una comisión de verificación para la aplicación de la amnistía política aprobada por el Congreso Nacional para constatar que procesados y condenados por actos de corrupción no se beneficien indebidamente.

En Twitter, Martell indicó que estaba a favor de la aplicación de la amnistía siempre y cuando fuera por casos políticos, pero estaba en contra al aplicarse por delitos penales, como en el caso de Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel que fue exhimido de toda responsabilidad penal.

"¡Ojo con la amnistía! Totalmente a favor de aplicarla en casos de persecución política; nada más. Invocarla en casos de corrupción no es un buen mensaje. Instó conformar comisión de verificación", escribió Martell.

Asimismo, hizo un llamado al Comite de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), para que vigilen estos procesos.

Reacción de Martell

La reacción de Martell se originó a raíz de que a Chimirri se le otorgó una carta de libertad este jueves (03.03.2022) amparado en la amnistía política, y quedó exento de los delitos de enriquecimiento ilícito abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la Administración pública entre 2006 y 2007.

Ante ello, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, reaccionó molesta pues consideró que los delitos que cometió el exfuncionario fueron antes del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

"Chimirri tiene procesos judiciales antes del golpe de Estado, no es un preso político. ¡Que cosas! le deniegan al Cofadeh amnistía para verdaderos presos políticos y por otro lado sueltan delincuentes", escribió en Twitter.

Cabe señalar que el decreto de amnistía 4-2022 se aprobó en el Congreso Nacional para absolver de delitos políticos a hondureños enjuiciados durante el golpe de Estado en el 2009.

Sin embargo, la amnistía también ha sido aplicadas para eximir de delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Otras reacciones

Tras la publicación hecha por Ramos, el exasesor jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Rafael Jerez, remarcó que la amnistía fue creada para exonerar de responsabilidad a todos los funcionarios del gobierno entre 2006 y 2009 de forma automática.

"Estimada doctora Ramos, el detalle es que a los funcionarios del gobierno 2006-2009 se les concedió amnistía automáticamente, no están comprendidos entre los numerales para que Cofadeh o Secretaría de Derechos Humanos reconozca carácter de preso político. Ese numeral del decreto es impunidad", escribió Jerez.

También el economista Roberto Lagos cuestionó que los diputados del Congreso Nacional no hayan revisado a detalle los decretos que contenía la ley de amnistía política.

"Con todo respeto, doctora Ramos, le pregunto: ¿No leyeron o no entendieron lo que estaban aprobando? con su tweet muestra total desconocimiento de cómo funciona la ley de amnistía. Ahora vienen los lamentos", apuntó Lagos.

Por su parte, la designada presidencial, Doris Gutiérrez, indicó que "estamos de acuerdo con la primera parte de la amnistía (presos políticos), pero no con la segunda", que la que absuelve de delitos no políticos.

También, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, salió al paso criticando la amnistía, también llamada "ley de impunidad".

"Mas vale que iban a luchar contra la corrupción y la impunidad, toda persona que hizo un acto de corrupción en la administración Zelaya, será liberado", cuestionó.

El Cofadeh ha emitido al menos 50 certificaciones tras la aprobación de este decreto en el Congreso Nacional, entre ellos los de Marcelo Chimirri, Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia acusado de malversación de fondos por haber sacado 50 millones de lempiras del Banco Central; y el excaldalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.

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