El Estado hondureño debe "diseñar y definir políticas públicas conducentes a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres; con énfasis en muertes violentas o feminicidios, así como contra la violencia doméstica e intrafamiliar", indicó Izaguirre en un comunicado.
El feminicidio, agregó, constituye una "flagrante violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida".
Izaguirre instó a las autoridades encargadas de la seguridad a "tomar las medidas preventivas y de investigación para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de cometer este tipo de hechos violentos contra las mujeres".
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Desafío
En su opinión, hacerle frente a la violencia contra las mujeres es "un desafío" para el Estado hondureño, que tiene el deber de garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las personas.
Aunque no hay datos oficiales, la Defensora del Pueblo afirmó que la desaparición de niñas y mujeres es "un problema grave" en el país, donde ellas representan más del 51 % de los 9,7 millones de habitantes.
Izaguirre expresó "su plena disposición en realizar aportes sustanciales y acompañamientos oportunos en protección, promoción y defensa de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el país".