Así lo indicó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su informe titulado "Extorsión bajo la lupa".

El documento, que contiene 36 páginas, precisa que solo se ha cumplido una de las 30 acciones enlistadas en el plan.

"Dos se consideran en proceso y las restantes 27 acciones no han sido cumplidas o no hay información pública accesible para evaluar", expresó la ASJ en su informe.

Además, menciona que en Honduras continúa activa la amenaza de la extorsión, debido a que la tasa de victimización ha reducido levemente, de un 9 % en 2022 a un 8.4 % en 2023.

La ASJ también cuestionó el elevado costo que tiene el plan antiextorsión versus los resultados.

Señaló que, durante los primeros cinco meses, las autoridades registraron 194 personas detenidas y que la proyección a fin de año será de 465.6 personas.

"Si se logra ejecutar todo el presupuesto, a final de año, esto representaría una inversión de 2.2 millones de lempiras por cada persona que se logra detener", explicaron.

Entre los aspectos más preocupantes destaca que han disminuido los casos ingresados a los juzgados por mes.

"El mayor número de casos ingresados en un mes durante el estado de excepción fue de 20, solo un poco más de la mitad del promedio de casos de antes del estado de excepción", indican.

En sus recomendaciones, la ASJ sugirió a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, llevar a cabo una evaluación técnica y objetiva sobre la efectividad en la implementación del plan y el estado de excepción.

Además, elaborar una estrategia colectiva e integral incluyendo a todos los sectores relevantes y apostarle a la investigación criminal y financiera para desarticular redes criminales mediante el seguimiento al dinero.

Desde el 6 de diciembre de 2022, Honduras está bajo un estado de excepción que busca combatir la criminalidad y la extorsión.

El pasado 20 de mayo, las autoridades lo extendieron hasta el 5 de julio.

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