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El Plan Integral Contra la Extorsión, que presentará la Policía Nacional el próximo jueves, recomienda aumentar hasta 14 años de prisión la pena para quienes indebidamente usen uniformes o insignia policiales o militares a efecto de que los culpables de este delito no conmuten el castigo y lo paguen tras la rejas.
Esta propuesta, que se lograría mediante modificación al artículo 473 del Código Penal, se encuentra en el apartado del plan sobre reformas al estamento legal.
De acuerdo a ese numeral, quien sin estar autorizado usa públicamente uniforme, insignias o equipo exclusivamente pertenecientes a los cuerpos de seguridad e investigación del Estado o las Fuerzas Armadas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años.
No obstante, el culpable de ese crimen puede pagar multa de 200 a 400 días y salir en libertad.
Por cada día multado se paga un mínimo de 20 lempiras y un máximo de 5 mil. Los días multados no pueden ser inferior a 10 ni mayor de 2 mil.
Ese mismo artículo estipula que, si el uniforme, insignia o equipo en mención se emplean para facilitar o encubrir la comisión de un delito, entre estos pandillas que son las que según las autoridades los principales que cobran extorsión, la pena puede ser de cuatro a ocho años.
Las penas menores a 5 años pueden ser conmutables, dice el Plan Integral, es decir si pagan 10 lempiras por día, la persona puede pagar la condena el libertad.
Por ese motivo, el Plan Integral propone que aumenten seis años las penas por este delito, de tal manera que la mayor podría pasar de dos a ocho años y la mayor de ocho a catorce, con lo que ya no serían conmutables.
De acuerdo a las autoridades hondureñas, mucho crímenes son cometidos por personas que usan uniformes falsos o reales que han sido robados.
"El objetivo de hacer estos cambios es para mejorar la respuesta institucional ante el fenómeno criminal de la extorsión y delitos conexos al disponer de un estamento legal que dinamice la iniciativa procesal y respuesta investigativa", detalla el Plan Integral.
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Lucha contra nuevas modalidades
El Plan Integral pedirá al Legislativo que reforme al artículo 374 del Código Penal para que se considere extorsión algunas nuevas modalidades.
"Comete el delito de extorsión quien recolecte de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de cuentas de instituciones financieras y bancarias, billeteras electrónicas, cobros forzados de venta de alimentos, préstamos "gota a gota", servicios de car wash y venta en insumos de combustibles, carburantes y repuestos", detalla la propuesta.
En el plan integral también solicitará a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera que regule las billeteras electrónicas debido que es un sistema muy usado para cobrar la extorsión.
Además del Código Penal, se solicitarán reformas a la Ley de Intervención de las Comunicaciones, Ley y Reglamento Sistema Penitenciario, Ley de Lavado de Activos, Ley Orgánica de las Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y Policía Nacional y el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Cobros por extorsión
Según un informe de 2021 de Global Financial Integrity (GFI), anualmente Honduras paga entre 30 y 50 millones de dólares (entre 735 millones a 1,200 mil millones de lempiras) por concepto de extorsión.
Algunos comerciantes han denunciado que el pago de extorsión se hace hasta a tres o cuatro estructuras criminales, siendo estas la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, como dos de las principales.
La extorsión está tipificada como delito en el artículo 222 del Código Penal hondureño y establece una pena de tres a nueve años de acuerdo a la gravedad e insistencia del delito.
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