"Si dependiera de la Policía Nacional, nosotros queremos que esté de manera permanente -el estado de excepción- en este 2023", manifestó este viernes el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

De igual forma, aseguran que desde la implementación de esta medida se han logrado dar "golpes contundentes" en los 18 departamentos del país, realizando allanamientos, decomiso de armas de fuego y la incautación de grandes cantidades de droga.

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"El descenso significativo en la tasa de homicidios por un lado, la desarticulación de más de 133 estructuras criminales y la confiscación de cualquier cantidad de drogas", señaló Sánchez.

Denuncias por abuso

Por su parte, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) insisten en que el estado de excepción no atiende realmente los problemas estructurales de la violencia y criminalidad organizada.

De igual forma, el Conadeh sugiere la creación de una política integral y señalan que durante el estado de excepción han recibido 126 quejas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del orden.

"Posibles actos de tortura que relacionan el uso desproporcionado de la fuerza al momento de la aprehensión. También hemos recibido queja de aparentes incriminaciones injustificadas", dijo Carlos Méndez, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh.

Pese a los destacados logros anunciados por las autoridades policiales, lo cierto es que ni el estado de excepción ni el incremento al presupuesto de seguridad han podido frenar el delito de la extorsión.

Estado de excepción en Honduras

El Gobierno de la República extendió por 45 días más el estado de excepción parcial hasta el 21 de mayo en 123 de los 298 municipios del país para enfrentar la extorsión y otras modalidades delictivas.

Se trata de la tercera prórroga del estado de excepción parcial, vigente desde diciembre de 2022, que fue publicada el viernes 7 de abril en el diario oficial La Gaceta, tras ser aprobada en Consejo de Ministros.

El estado de excepción, que suspende garantías constitucionales, está contemplado en decreto Ejecutivo PCM 23-2023 y empezó a implementarse del 6 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023 en sectores conflictivos de las ciudades de Tegucigalpa, Francisco Morazán (centro), y en San Pedro Sula, Cortés (norte).

Según la Policía hondureña, esta medida ha permitido "la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales vinculados a maras y pandillas, que cometen delitos contra la población hondureña".

Con las operaciones de ataque a la extorsión y delitos conexos se ha registrado una reducción de la tasa de homicidios en el último año, dijo la Policía, sin precisar cifras.

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