Políticos no se aprovechen de la desgracia, piden analistas, porque el "presupuesto de emergencia, no es un cheque en blanco".

Los movimientos presupuestarios para hacerle frente a la emergencia por lluvias durante 90 días deben ser supervisados y fiscalizados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Pero también por organizaciones empresariales, de la sociedad civil y el mismo pueblo hondureño, señalan analistas consultados por tunota.

El sábado pasado entró en vigor el decreto PCM-24-2022.

Establece la emergencia por lluvias por el período en mención, proyectado así, según el documento, por la afectación que la temporada ciclónica pueda producir al país.

Entre los puntos principales figura el mantenimiento, reparación y construcción de carreteras.

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Además que las Secretarías de Educación y de Salud garanticen a la población el acceso a toda clase de servicios que aseguren su bienestar.

Ojo al Cristo

Para el abogado Rafael Jerez, oficial de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de
la Empresa Privada (Cohep)
, no es un cheque en blanco.

“Eso no quiere decir que hay un cheque en blanco para que las instituciones inviertan el dinero con una discrecionalidad tan amplia”.

Aparece la contratación directa y esto, cómo ocurrió en el pasado, revive el temor del mal manejo de fondos y la corrupción.

El decreto indica que se debe informar a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sobre todas las acciones que implementen.

Menciona el papel del TSC, para ejercer el control preventivo y concurrente en el manejo de recursos.

Pero existen decretos como el 116-2019, que cuando se trata de proyectos sociales obliga al TSC a investigar y se genera una controversia con las competencias atribuidas al Ministerio Público.

“Este es el primer hincapié que hay que hacer. Cuando ocurrió lo de los hospitales móviles, el primer actor que debía aparecer era el TSC, y los cuestionamientos surgieron porque el TSC no hizo el control concurrente”, recuerda Jerez.

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Más allá del papel complementario que la Secretaría de Transparencia puede cumplir, es que el TSC haya aprendido del pasado y que las organizaciones de sociedad civil cumplan con el rol de monitoreo de la ejecución de los fondos públicos.

“Que no se dilapiden los fondos”

Juan Carlos Rodríguez, de la Coalición Patriótica, es del criterio que ante una emergencia decretada, es necesario vigilar el manejo y destino de los recursos públicos.

“Hay que cuidar que no se dilapiden los fondos. A los políticos no les importa el pueblo
hondureño, sino su propio bienestar”, expresa.

A Romeo Vásquez Velásquez, excandidato presidencial por la Alianza Patriótica, también le preocupa la corrupción.

“No es el decreto de emergencia el problema, el problema es la corrupción imperante en el Gobierno. Aprovechan cualquier forma para que gran parte de los fondos asignados de la emergencia sean robados”, advirtió.

Vásquez coincide con Rodríguez en que se deben establecer procedimientos transparentes para que “los fondos asignados lleguen donde deben llegar y el pueblo se convierta en un veedor”.

Por eso remarcan en la necesidad que los políticos no se aprovechen de la desgracia ante la emergencia.

“Emergencia de 90 días es mala señal”

Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Elvir advierte que la emergencia se confunde
con urgencia y que el marco legal del decreto se podría aprovechar para otras cosas.

“La emergencia es un tiempo que pone en riesgo la vida. Cuando pasa, vamos a otro estatus. La emergencia de 90 días es mala señal, debió durar 30 días”.

Para Elvir, lo que se pretende es hacer compras que no se tienen que hacer. “Como quieren hacer movidas, confunden la emergencia con la urgencia. Emergencia
es ya, después de una o dos semanas, se entra en otra etapa”, recalca.

Compras o contrataciones directas

Si algo cuestionan los analistas es que el problema de la contratación directa radica en
los procedimientos para volverla "moral".

"Es un enredo jurídico y al final el Estado paga más en las compras directas", manifiesta el también candidato a designado presidencial por el Partido Liberal.

“Es escabroso negociar con el Estado. Los flujos de caja y pago son lentos. Si me van a pagar en dos o tres meses, le pongo la carga financiera que significa esperar dos o tres meses. Por eso le venden caro al Estado”, explica.

La corrupción pasa factura

Finalmente, los analistas le recuerdan al Gobierno que cuando se cometen errores en el manejo de los fondos públicos, la corrupción trasciende y los efectos para el país son graves.

Para no ir tan lejos, una evidencia son los malos resultados que Honduras ha obtenido en sus indicadores de corrupción.

"Influyen los actos de corrupción que se han cometido en los procesos de contrataciones", dice Jerez.

Ante dichos escenarios, coinciden los expertos, el Gobierno debe tener una visión más integral y, sobre todo, el Ministerio Público debe proceder a investigar las denuncias que se lleguen a derivar.