La Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito contempla que se pueden asegurar e incautar propiedades a un ciudadano sin que haya cometido un delito de corrupción o lavado de activos, por lo que al expresidente Juan Orlando Hernández, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por supuesto narcotráfico, se le pueden aplicar estas medidas.

La Procuraduría General de la República solicitó al Ministerio Público que le asegurara e incautara bienes del exgobernante (2014-2022), pero el ente acusador aclaró que este proceso no puede ser de inmediato, ya que se deben seguir ciertos lineamientos legales.

Por lo anterior, la PGR desistió de la petición e indicó que respetaría las diligencias que efectúa el MP para este tipo de acciones.

¿Qué dice la Ley sobre Privación?

De acuerdo a la Ley sobre Privación, se puede privar de un bien a una persona cuando este no justifique que fue obtenido mediante una fuente lícita.

Lo anterior implica que no se necesita que el afectado enfrente un proceso penal por acciones como narcotráfico, lavado de activos, fraude o malversación de fondos para que lo despojen de su patrimonio, pues dicha normativa se aplica de forma independiente de la legislación penal.

En primera instancia, el MP solicita a un juez ordena el aseguramiento, que consiste en una medida registral que impide que el propietario pueda venderla, alquilarla o donarla.

El siguiente paso, si así lo amerita el juez, consiste en la incautación del bien, o sea, que la autoridad toma posesión del mismo.

La propiedad luego pasa a la Oficina Administradora de Bienes Incautados mientras se resuelve el juicio de privación.

De acuerdo a un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, Hernández y parte de su familia acumuló una fortuna de 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones en sociedades mercantiles

Extradición de JOH

Estados Unidos solicitó la extradición del expresidente Hernández, a quien acusó en la Corte del Distrito Sur por tres delitos relacionados al narcotráfico.

Según la acusación, el exmandatario conspiró para importar una sustancia controlada a Estados desde fuera del mismo desde 2004.

También se le imputa el uso o portación armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego (...) en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

El tercero cargo es conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

Corte decide el lunes

La Corte Suprema de Justicia resolverá el lunes próximo si declara con o sin lugar el recurso de apelación que presentó la defensa del exmandatario contra la resolución de un juez que ordenó la extradición a Estados Unidos.

Mientras se emite el fallo, el exmandatario continuará detenido en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, en Tegucigalpa, Francisco Morazán.