Por un proceso transparente, libre de tráfico de influencias, respetuoso de la Constitución de la República y en armonía con los estándares internacionales, más de 40 organizaciones nos hemos unido para impulsar la Campaña "Una Fiscalía por Honduras: sin pactos bajo la mesa".
Creen firmemente que el 2023 es un año crucial para el futuro de Honduras: la elección del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) para el periodo 2023-2028 es un desafío para dar un paso al frente en el combate contra la corrupción y la impunidad.
Seleccionar a las personas idóneas es de gran trascendencia para las mujeres hondureñas, donde desde 2005 casi 7,000 de ellas han perdido sus vidas de forma violenta.
De igual relevancia es para las personas LGTBIQ+, quienes 455 han sido asesinadas en los últimos 14 años.
La violencia hacia las mujeres y las personas LGTBIQ+ tienen en común que su nivel de impunidad supera el 92%, una problemática que, en gran medida se debe a la desatención histórica hacia estas poblaciones desde el Ministerio Público.
"Las nuevas autoridades deberán realizar un diagnóstico general de la Fiscalía para identificar los retos en la investigación criminal y en la judicialización de los casos, prestando especial énfasis a la impunidad alrededor de los crímenes en contra de las mujeres y de las personas LGTBIQ+", comentó Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H), organización integrante de la campaña.
"Es necesario que en la definición de los perfiles de los candidatos se pondere su experiencia y proclividad a incluir la protección de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+", añadió Alex Sorto, del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI -SOMOS CDC-.
La nueva fiscalía también debe cumplir su papel en el marco de la democracia electoral. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el contexto de las elecciones generales de 2017 se registraron al menos 23 muertes.
En este sentido, la Red por la Equidad Democrática en Honduras ha apuntado que el fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales del Ministerio Público y su sostenibilidad, deben ser una piedra angular en la agenda de la nueva administración del Ministerio Público.
En última instancia, son los derechos políticos los que son vulnerados en contextos de violencia política, según Midgonia Ayestas, la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia “son las bases de los partidos políticos las que sufren esta violencia y criminalidad hacia los militantes, simpatizantes o líderes políticos” dijo Ayestas.
La Junta Proponente actualmente cuenta con 22 candidatos, pero, sobre todo, tiene en sus manos la oportunidad histórica de fomentar las bases de una nueva Fiscalía que se convierta en la piedra angular en el combate contra la corrupción y la impunidad.
A la Junta Proponente y al Congreso Nacional les exigimos un proceso que responda al reclamo de una sociedad que exige autoridades que representen, defiendan y protejan los intereses de todas y todos, no de unos pocos. ¡Es nuestro derecho exigir una Fiscalía sin colores ni favores!
Este es un campo pagado
