La cancelación de contratos y liquidación de altos funcionarios, previo al cambio de gobierno, ha generado polémica durante las últimas horas, por lo que representantes de diferentes sectores cuestionan el procedimiento.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facusse, en comunicación con tunota.com manifestó su desacuerdo con la actitud de los altos funcionarios, ya que considera que deben poner su renuncia y no esperar la liquidación a sabiendas de la situación económica del país.

“Nosotros en la Cámara de Comercio cuestionamos por qué se recurre a la cancelación cuando la salida de los funcionarios debería ser poner a la orden su renuncia”, expresó.

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Cuestionó que este tipo de acciones, solo refleja una falta de espíritu de servicio y amor a Honduras, “deben salir por la puerta grande si es que sirvieron a su país y no despedidos”.

Contrastó esta situación con la de los médicos que desde el inicio de pandemia estuvieron en primera línea, pero que fueron despedidos y aún les adeudan salarios y prestaciones, “no hay congruencia con la realidad nacional de nuestra economía y la manera que está operando el gobierno”, sentenció.

Por su parte, el economista Hugo Noé Pino, miembro de la Comisión de Transición del nuevo gobierno, también condenó el polémico pago, “las prestaciones que se piensan recetar viceministros se podría catalogar como un abuso de autoridad”.

“Es impresionante que un gobierno que ha sido fuertemente criticado por su falta de transparencia y por la serie de casos de corrupción, termine sus funciones recompensando con millones de lempiras a funcionarios públicos”, dijo a tunota.com el diputado electo.

Millonarias prestaciones, ¿son legales o no?

El ministro de Gobernación, Descentralización y Justicia, Leonel Ayala, dijo este lunes (11.01.2022) en La Tarde de HRN y Tsi, que la cancelación de los cargos a funcionarios y el pago de sus respectivas prestaciones están dentro del marco de la Ley de Presupuestos 2021, en su artículo 133, que cita que, “a los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederá indemnización conforme al beneficio a los empleados regidos por la Ley de Servicio Civil”.

No obstante, para el experto en derecho laboral, Jorge Herrera, este pago es “un mal antecedente y hay una prohibición en la constitución de la república”, aseguró.

Al mismo tiempo, hizo referencia a la Carta Magna y explicó la prohibición que existe para secretarios y subsecretarios de Estado ya que pertenecen a la figura de “puesto excluido” o “personal de confianza”, por lo que el titular del Poder Ejecutivo puede destituir a funcionarios públicos de esa categoría y no tienen derecho a pago de prestaciones.   

Por otro lado, según el especialista en derecho administrativo, Miguel Villeda, aunque sea cuestionada por falta de ética y moral, la norma está vigente y es legal, “la única solución es que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, declare la inconstitucionalidad de ese artículo”, aseguró.

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