Ante el supuesto acuerdo que ha trascendido en el que presuntamente se le garantiza el pago de prestaciones laborales al canciller de la República, Lisandro Rosales, el abogado laboral, Jorge Herrera, indicó que el pago de prestaciones laborales a funcionarios de confianza es una violación constitucional.

De acuerdo con el profesional del derecho, los secretarios de Estado, entre ellos el canciller, son funcionarios excluidos, conocidos como personal de confianza, que significa que no tienen estabilidad laboral.

Asimismo, indicó que esos cargos son de libre remoción por el presidente de la República y no tienen derecho a reclamo de reintegro o pago de prestaciones.

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Fraude de ley

En ese sentido, el abogado Herrera manifestó que pagar las prestaciones laborales a un funcionario de esa categoría sería un mal precedente y un fraude de ley.

“El querer hacer un acuerdo de cancelación, bajo la figura que se está haciendo, creo que es un fraude de ley querer una apariencia de derecho para reclamar prestaciones”, añadió.

Además, instó a cualquier funcionario a no agarrar dinero bajo ese concepto porque en un futuro se les podría deducir responsabilidad administrativa, civil o penal.

Del mismo modo, manifestó que, de darse ese pago al finalizar este gobierno, ningún funcionario en un futuro podrá argumentar ese antecedente porque el error no constituye derecho, además, que también podrían tener consecuencias legales.

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