Ante el supuesto acuerdo que ha trascendido en el que presuntamente se le garantiza el pago de prestaciones laborales al canciller de la República, Lisandro Rosales, el abogado laboral, Jorge Herrera, indicó que el pago de prestaciones laborales a funcionarios de confianza es una violación constitucional.
De acuerdo con el profesional del derecho, los secretarios de Estado, entre ellos el canciller, son funcionarios excluidos, conocidos como personal de confianza, que significa que no tienen estabilidad laboral.
Asimismo, indicó que esos cargos son de libre remoción por el presidente de la República y no tienen derecho a reclamo de reintegro o pago de prestaciones.
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