Los 15 magistrados que componen el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) completaron este martes las firmas que dan luz verde a la solicitud de extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), requerido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Al completarse las 15 firmas, los magistrados del pleno remitirían nuevamente el expediente al juez designado de primera instancia, Edwin Ortéz, a fin de que se coordine la entrega ante la justicia estadounidense.

Ya con la documentación en mano, el magistrado Ortéz estará del avalado para entregar a Juan Orlando Hernández al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La entrega del exmandatario estará coordinada por las secretarías de Seguridad, Defensa y Cancillería y las Fuerzas Armadas para que Juan Orlando Hernández sea entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).

El acto acordado de extradición no establece un tiempo exacto para hacer el traslado una vez estampadas las firmas; sin embargo, se indica que debe realizarse sin retardo alguno.

En cumplimiento del acuerdo, es sólo el juez quien tiene la potestad de entregar en persona al señalado a las autoridades estadounidenses, pero para cumplir esa etapa debe coordinar con el Ejecutivo, presidido por Xiomara Castro.

De acuerdo a declaraciones del abogado Marlon Duarte, esta fase no tiene márgenes de tiempo, "si Estados Unidos ya tiene un jet listo, ese mismo día que se emita la resolución, se va", comentó.

Captura de JOH

El 14 de febrero de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Honduras solicitó la captura con fines de extradición del exmandatario por tres cargos ligados al narcotráfico, y un día después fue capturado en Tegucigalpa y trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, donde guarda prisión preventiva.

El 16 de febrero fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que se conocieran los cargos que se le imputan y un mes después, el 16 de marzo, se desarrolló la audiencia de presentación y proposición de pruebas; ese mismo día se aprobó la extradición.

Posteriormente, el 19 de marzo, la defensa legal de Hernández interpuso la apelación ante el pleno de la CSJ y el 28 de marzo este mismo pleno dictó no ha lugar la solicitud y ratificó la extradición del exmandatario.

Acto seguido, el 29 de marzo, el equipo legal acudió a la Sala de los Constitucional para interponer un recurso de amparo alegando supuestas ilegalidades y violación de derechos constitucionales durante el proceso de extradición.

Esa solicitud fue declarada inadmisible por parte de la Sala de lo Constitucional Ad-hoc el 6 de abril, dejando firme la extradición de Juan Orlando Hernández.

Acusación contra Juan Orlando Hernández

Estados Unidos le solicitó a Honduras el arresto preventivo con fines de extradición de Juan Orlando Hernández, acusándolo de tres cargos relacionados al tráfico de drogas y el uso de armas.

El primero es por conspiración para importar sustancias controladas a los Estados Unidos con el conocimiento de que dicha sustancias sería importada ilegalmente al país norteamericano.

El segundo cargo es por usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Mientras que el cargo tres se refiere a una conspiración para usar o portar armas de fuego; incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivo en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.

Al incluir al expresidente Juan Orlando Hernández en la lista de "actores corruptos y antidemocráticos" del Triangulo Norte de Centroamérica (compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador), el 7 de febrero, el Departamento de Estado dejó en claro la consideración de Estados Unidos para el expresidente hondureño, quien entregó el poder el 27 de enero, después de ocho años en el cargo (2014-2018).

El expresidente Hernández estaba reportado desde el 1 de julio de 2021 en la Lista Engel, que incluyó a cerca de 60 funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, a los que se suprimió el derecho a visa de Estados Unidos.

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