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El decreto que da amnistía a presos políticos y presos de conciencia aprobado en el Congreso Nacional de Honduras, bajo la presidencia del diputado Luis Redondo, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha del 4 de febrero.
De acuerdo con los artículos del decreto, la amnistía exculpará de sus acciones o comisión de delitos en el contexto del golpe de Estado de 2009 a diversos políticos hondureños.
Esta amnistía ha sido criticada por diversos sectores que calificaron su aprobación como un "nuevo pacto de impunidad en Honduras".
El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como empleados, funcionarios o autoridades electas durante la administración del expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
En ese sentido, el decreto establece que estas personas fueron víctimas del golpe al ser acusados criminalmente "por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados".
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El decreto incluye delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.
Además de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados; hasta de criminalidad organizada, y otros más.
También aplicará a diputados que en diciembre de 2012 votaron a favor de destituit a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por declarar inconstitucional el proyecto "Ciudades Modelo".
Entre los diputados que son reconocidos y que apoyaron la destitución de los jueces, está Óscar Nájera, Mauricio Oliva, Welsy Vásquez, Celin Discua y Yudet Burbara.
