En los últimos nueve meses las cárceles de Honduras se han convertido en centros de criminalidad. Desde octubre de 2019 a junio de 2020 se vienen registrando muertes de privados de libertad en prisiones comunes y en las denominadas de "máxima seguridad".

Para recordar, el 25 de octubre de 2019 fue asesinado un reo en la cárcel "La Tolva", ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso (oriente). La víctima fue identificada como Marco Tulio Amador (37), condenado a 22 años de prisión por asociación ilícita, asesinato, extorsión y homicidio. Fue acribillado por un miembro de la estructura MS-13.

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Un día después, el 26 de octubre, fue asesinado con saña el supuesto narcotraficante Nery Orlando Sanabria López (35), más conocido como “Magdaleno Meza” y quien fue mencionado en el juicio del exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, en Estados Unidos.

Nery Orlando Sanabria López o "Magdaleno Meza". Foto: Opsa

El crimen se registró en el presidio "El Pozo" de Ilama, Santa Bárbara (occidente). Con misterio se desencadenó días después el crimen de uno de sus abogados (en Copán), y el director de esa cárcel "segura" (acribillado en Choluteca). Magdaleno estaba preso por delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, y uso de nombre supuesto.

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Mientras, el 20 de diciembre murieron de manera violenta 21 reclusos en el presidio de Tela, Atlántida. La mayoría eran reos comunes, según se informó en su momento.

21 reos murieron en la cárcel de Tela. Foto: El País.

El 22 de diciembre otro ataque armado dejó 19 muertos en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán. El suceso se registró luego que un marero MS-13 asesinara a uno del Barrio 18, según confirmaron autoridades de Seguridad.

Granja penal de El Porvenir, Francisco Morazán. Foto: Proceso Digital

Los más recientes hechos violentos se registraron el 23 de mayo, cuando seis mujeres de la Mara Salvatrucha, MS-13, fueron asesinadas por la banda rival (pandilla 18), en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, Francisco Morazán.

Entretanto, el 29 de junio se reportó la muerte violenta del jefe nacional de la pandilla 18, Ricky Alexander Zelaya Camacho, más conocido como “Boxer Huber", en el módulo de máxima seguridad "La Jaula" de la Penitenciaría Nacional de Támara. Según autoridades fue acribillado por miembros de la MS-13.

Nadie explica cómo ingresaron las armas con las que fue acribillado en prisión.

Otro suceso se registró el 1 de julio, en el presidio de El Porvenir, Francisco Morazán, donde en una riña fue asesinado con arma blanca el reo Edwin García Zepeda, alias “El Chingón”.

"Cogobiernos"

"Los centros penales del país seguirán siendo la escuela del crimen, lamentablemente no existe la rehabilitación en los centros penitenciarios, y todavía los cogobiernos en el interior de ellos ponen en peligro la vida de los privados de libertad", dijo a tunota.com, el presidente del Codeh, Hugo Maldonado.

Maldonado reiteró que en el caso del crimen de "Boxer Huber" hubo colusión de los militares a cargo de la seguridad del módulo donde están recluidos los pandilleros de la 18 y MS-13.

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El defensor de derechos humanos indicó que tanto las reyertas y las muertes de alto impacto "redunda al liderazgo en el interior de los centros penitenciarios. Cada uno representa una pulpería o un supermercado para tener la autoridad, el liderazgo en ellos, por eso hablo de los cogobiernos", expresó.

Hugo Maldonado teme que el crimen de "Boxer Huber" desencadene muertes en el interior de los demás centros penales del país.

Derechos humanos

Al respecto, el Codeh recomienda la creación de una oficina de conciliación nacional, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos o al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, para la no repercusión contra el Estado de Honduras en el Sistema Interamericano de DDHH.

No obstante, "no deben pasar estos hechos criminales que ponen en descubierto la poca transparencia y la necesidad que prácticamente son sometidos los militares o guardias penitenciarios en los recintos carcelarios", señaló.

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Más que el impacto que ha provocado las muertes en los presidios desde el año pasado, "es una situación muy delicada en materia de derechos humanos para el país, y se debe poner (de autoridad en las cárceles) personal profesional que no tenga, ni aspire a tener vínculos de amistad o negocios económicos con los grupos criminales y privados de libertad", manifestó Hugo Maldonado a tunota.com.