Recientemente, el gobierno de Honduras dijo que la farmacéutica Pfizer pidió que su contrato de compras de vacunas fuera declarado secreto, pero sin una legislación especial.

Es decir, sin la necesidad de crear una Ley para blindar los contratos de venta de las vacunas contra el covid-19.

Según análisis del abogado Raúl Pineda, Honduras aprovechó el momento e hizo más de lo que se le pidió. Explicó que hay cuatro categorías en los contratos: reservado,
confidencial, secreto y ultra secreto.

“Lo que pidió Pfizer fue su reservación de la información, material, documentación con el fin de no producir efectos institucionales no deseados que fuesen conocidos”,
señaló.

“Este es nivel alto en materia clasificada. Una revelación pondría en riesgo o amenaza directa los intereses o relaciones internacionales y la seguridad de otros objetivos”. Prosiguió.

La diferencia está en el nivel de limitación de acceso a la información y en el período en que debe estar fuera del ámbito de acceso al público. “El material reservado, sus conocimientos, requiere de cinco años; mientras que el secreto, su clasificación, se hace después de 15 años. Lo que pasó aquí es que el gobierno hizo más de lo que le estaba pidiendo la Pfizer y en ese punto es cuando ya vulneró el acceso a la información”.

Para Pineda, esta acción del gobierno solo deja malos mensajes y permite otras situaciones que van más allá de la protección de los intereses de los suministradores de vacunas.

La reserva le interesa a Pfizer para mantener la clasificación y la secretividad de precios, porque ellos venden a diferentes precios de acuerdo a la economía de cada país. "Su fórmula es objeto de protección. Establecer que toda la información y todo lo que tenga relación con las vacunas debe permanecer en secreto, abre el espacio para una serie de suspicacia", subrayó Pineda.

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Encubrimiento y corrupción

Al ser consultado si esto que ya hizo el gobierno de Honduras podría afectar futuros contratos, aseguró: “El espíritu de esta Ley está encaminado a encubrir toda la actividad pública con los contratos, adquisiciones, las compras y esto puede ser objeto de clasificación, de reserva y secretividad que no tiene nada que ver con temas de seguridad nacional, que es el título que tiene esta Ley que tiene que ver con una Ley que confronta el acceso a la información”. Subrayó Pineda.

“Esto no se hizo por descuido. Se hizo para blindar operaciones comerciales en las cuales no interesa al gobierno que sean sometidas a debate o conocimiento del público. Todo lo que tiene que ver con asertividad está asociada con corrupción”,
concluyó.

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