Las sesiones se han reanudado este martes tras la suspensión del juicio en agosto de 2022 a la espera de que la Sala Constitucional ratificará la resolución de un amparo admitido por la Corte de Apelaciones y presentado por el Ministerio Público para que se admitiera una prueba de peritaje rechazada por el Tribunal de Sentencia.

En la jornada de este día se inició la "evacuación de prueba pericial" del proceso, indicó la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) en un mensaje en Twitter.

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Por este caso, denominado "Fraude sobre el Gualcarque", son acusadas seis personas, entre ellas el exgerente de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano y Roberto David Castillo, quien fue condenado en junio del año pasado a 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de Berta Cáceres.

Castillo era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), cuando Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Proyecto hidroeléctrico

La empresa DESA impulsaba la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, en territorio de la etnia lenca, a la que se oponía la ambientalista por considerar que causaba daños al medioambiente.

Las seis personas son acusadas por "fraude, violación a los deberes, uso de documentos falsos y usurpación de funciones por el manejo de recursos en el río Gualcarque", señaló el Supremo hondureño.

El caso fue investigado por la otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

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