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En un detallado repaso de las actividades judiciales, Ráquel destacó los avances significativos logrados en línea con el Plan Estratégico 2023-2027, que busca una "Justicia Centrada en las Personas".
La CSJ, elegida en febrero de 2023, definió cinco ejes en su plan estratégico para lograr reformas fundamentales en el sistema judicial. Estos incluyen la recuperación de la honorabilidad de la función judicial, la simplificación de trámites, el uso de un lenguaje claro, la eliminación de burocracia y el fortalecimiento de la transparencia.
En la actualidad, Honduras cuenta con 462 Juzgados y Tribunales en todo el país, respaldados por un equipo de 5,610 servidores judiciales, donde el 54% son mujeres y el 46% hombres. La responsabilidad de impartir justicia recae en 816 jueces, lo que se traduce en 8 jueces por cada 100,000 habitantes.
Resoluciones
Durante el año 2023, se registraron un total de 102,708 casos, destacándose la mayor demanda en materias penal (32%) y civil (28%). Las regiones de Francisco Morazán y Cortés lideraron con un 31% y un 20% respectivamente. A nivel nacional, los juzgados y tribunales emitieron 77,545 resoluciones en 2023, reflejando una capacidad de resolución del 75% de la demanda anual de justicia.
En el primer año de la presente administración, las Salas de la Corte Suprema emitieron 2,284 resoluciones, lo que representa un 77% de las causas resueltas, implementando acciones cruciales para mejorar la organización y desempeño de los despachos.
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Violencia contra la mujer
Los Juzgados de Violencia Doméstica ingresaron 14,388 casos en 2023, donde el 92 % de las víctimas fueron mujeres, destacándose la incidencia en Comayagua, Cortés y Francisco Morazán. Se emitieron 11,314 resoluciones, 50 % con lugar, 12 % sin lugar y 38 % caducadas por abandono.
En el ámbito de seguridad nacional, el informe resalta la importancia de combatir el narcotráfico y la portación ilegal de armas, que encabezan los casos penales. Se destaca que el 60% de las víctimas de estas causas son mujeres y niñas.
El informe también revela que, en 2023, ingresaron 128 casos de delitos contra la vida de mujeres, con 144 víctimas. El 39% de los 370 crímenes reportados fueron judicializados, y solo el 6% de las muertes de mujeres fueron calificadas como femicidios.
En asuntos familiares, se ingresaron 14,603 casos, destacando la demanda de alimentos como la principal causa. Francisco Morazán, Cortés y El Paraíso concentran el 54% de las demandas por este concepto.
Como respuesta a esta problemática, se creó la Mesa Técnica de Coordinación por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, que impulsará el registro de deberes alimenticios para cumplir con la reforma del Código de Familia.
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Otros puntos destacados
Asimismo, destacó la creación de órganos jurisdiccionales con competencia territorial nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, que absorbió los circuitos de corrupción, extorsión y criminalidad.
Durante el año 2023, se recibieron un total de 7 nuevas solicitudes de extradición, resolviendo con eficacia 10 expedientes en total. El compromiso del Poder Judicial con la justicia se refleja en su continua atención a estos casos, asegurando una respuesta eficiente y efectiva.
En la Defensa Pública, el derecho penal continúa siendo la materia más demandada. En el transcurso del año pasado, esta unidad representó legalmente a 11,805 personas, de las cuales el 37% se encontraban privadas de libertad. Este compromiso reafirma la determinación del Poder Judicial de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Como resultado de la instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional para el descongestionamiento del sistema penitenciario, se logró la liberación de 753 hombres y mujeres que cumplían con los requisitos para optar por el beneficio de la Libertad Condicional. Este esfuerzo contribuye significativamente a abordar los desafíos de hacinamiento en las cárceles y mejorar las condiciones del sistema penitenciario.
Con el respaldo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Poder Judicial inauguró una clínica médica en San Pedro Sula, asegurando atención inmediata a los servidores judiciales. Esta iniciativa se suma a los beneficios existentes de seguros de vida y atención médico-hospitalaria que disfruta el personal judicial.
Solicitud de presupuesto
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, hizo un llamado enfático a los diputados del Congreso Nacional para asegurar una asignación presupuestaria adecuada que cumpla con la necesidad de justicia en el país.
Obando enfatizó la importancia de elegir al nuevo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público (MP), destacando que esta decisión es crucial para preservar el Estado de derecho y la democracia en Honduras.
La magistrada resaltó que, aunque cada uno tiene sus propias necesidades, es fundamental priorizar las necesidades de Honduras y su pueblo, y consideró que la elección de las nuevas autoridades del MP es esencial para prevalecer la justicia y la democracia en el país.
Supervisión de funcionarios
Durante el año anterior, se llevaron a cabo procesos disciplinarios que incluyeron inspecciones y sanciones a 128 Servidores Judiciales, destacando el compromiso con la integridad y la ética en el ejercicio de sus funciones.
El Poder Judicial intensificó sus esfuerzos formativos al realizar 369 acciones formativas, capacitando a 2,756 servidores judiciales. Además, se inauguró la sede de la Escuela Judicial en San Pedro Sula, atendiendo así a las necesidades formativas de la zona occidental del país.
Se destaca la restauración de 8 contenedores que ahora funcionan como salas virtuales en los centros penitenciarios de máxima seguridad. En 2023, se llevaron a cabo 105 Audiencias Virtuales desde diferentes penitenciarías a 14 órganos judiciales, demostrando la adaptación del Poder Judicial a tecnologías innovadoras para garantizar una administración de justicia efectiva y eficiente.
Iniciativas para el acceso e inclusión
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, reveló la creación de una red de lenguaje claro e inclusivo, con el objetivo de promover el uso de términos sencillos y garantizar su traducción a los pueblos indígenas y afrodescendientes en todas las actuaciones judiciales.
Esta iniciativa busca eliminar barreras lingüísticas y culturales, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, puedan comprender y participar plenamente en el proceso judicial. La implementación de un lenguaje claro e inclusivo refleja el compromiso de la CSJ de hacer que la justicia sea más accesible y comprensible para toda la población.
Además, Rebeca Ráquel expresó su voluntad de sumar a la institución a los 14 compromisos del Plan de Acción de Estado Abierto 2023-2025. Dentro de estos compromisos, se contempla la aprobación de implementar una política de "Justicia Abierta". Este enfoque refleja el compromiso de la CSJ con la transparencia y la apertura en su funcionamiento, buscando fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
La presidenta Ráquel destacó que estas medidas buscan no solo mejorar la eficiencia del sistema judicial sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en la institución. La creación de una red de lenguaje claro e inclusivo y la adhesión a los principios de Justicia Abierta son pasos cruciales hacia un sistema judicial más transparente, accesible e inclusivo en Honduras.
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