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El recurso de exhibición personal iniciado de oficio pretende "salvaguardar la seguridad" de los reos y "mantener el orden" de las cárceles que los pasados sábado y domingo sufrieron reyertas en sus instalaciones, dejando como saldo acumulado un muerto y siete heridos.
En tal sentido, la CSJ, a través de la Sala de lo Constitucional, presentó el registro "SCO-0432-2023" contra las actuaciones de los directores del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Otoniel Castillo Lemus; de Támara, Anselmo Antonio Fajardo; de El Porvenir; Morocelí, y de Ilama, Marlon Lagos.
Al respecto, de acuerdo con la Ley Sobre Justicia Constitucional (2004), en su artículo 13, el recurso de exhibición personal es presentable por cualquier persona que sospeche sobre una detención ilegal o prisión legal con tortura contra un ciudadano.
"Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad", reza el inciso a.
"Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión", agrega el inciso 'b', del artículo en cuestión.
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Recientes reyertas
Entre sábado y domingo, en las cuatro cárceles antes mencionadas, se produjeron enfrentamientos entre miembros de la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
En la cárcel de Ilama, conocida como "El Pozo", resultó una persona muerta y dos heridas; en Morocelí hubo tres reclusos lesionados; en Támara otros dos heridos; mientras en El Porvenir aún está pendiente el informe de las autoridades para conocer el saldo.
Previo a estos enfrentamientos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró al menos 70 reos muertos de manera violenta en Honduras desde 2019, según la agencia EFE.
El sistema penitenciario del país lo componen unas 25 cárceles, mismas que albergan a más de 19 mil presos, teniendo capacidad máxima para 8 mil.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció ayer, lunes, que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, coordinará una comisión interventora de los centros penales.
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