La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que la red pretende "evitar un proceso hundido en la política e irregularidad", al mismo tiempo que reprochó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, el atraso del mismo.

"Según lo establece el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público de hacer la convocatoria para la conformación de una junta proponente, quienes deberán elegir una nómina de cinco candidatos idóneos para remitir al Congreso Nacional (CN), por lo menos 30 días antes que el actual fiscal cese en su cargo", manifestó.

Asimismo, aseguró que no aceptarán acuerdos políticos o intereses particulares por encima del bien común y Estado de derecho, por lo que pide la incorporación de veeduría ciudadana sin condiciones.

Junta proponente debe crear su reglamento

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, pide a los miembros de la junta crear su propia normativa, como lo hizo la Junta Nominadora de la CSJ, y que incorporen la sociedad civil como veedor y no espectador en la lección.

"Que sean abiertos, que permitan a la sociedad civil participar bajo el principio de publicidad y acceso a la información pública, asegurando con ello la actividad de cada uno de los candidato", acotó.

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Hambruna de justicia

El representante de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), Javier Martínez, señaló que la democracia necesita nuevas estructuras adecuadas y ciudadanos que crezcan en la decisión y discernimiento moral.

"Todos debemos poner nuestros esfuerzos para sanar la democracia con procesos éticos e ideales altos de justicia", manifestó.

Por su parte, el delegado por la Confraternidad Evangélica de Hondura, Daniel Romero, pide a la CSJ y CN pide dejar de lado las prácticas corruptas en beneficio de unos pocos.

"No discriminación, que brinde como resultado una elección de profesionales idóneos para dirigir el MP (...) es momento que las autoridades nos devuelvan la justicia y seguridad que anhelamos", externó.

El fiscal general, Óscar Chinchilla, y adjunto, Daniel Sibrian, del Ministerio Público terminan su período constitucional el próximo 31 de agosto, para que el 1 de septiembre tomen posesión las nuevas autoridades.

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