El titular de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), Rolando Argueta, aseguró este miércoles que no fue parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) cuanto se autorizó la compra del avión presidencial con fondos de la Tasa de Seguridad durante la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), según denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En el marco del lanzamiento del Sistema de Estadísticas Judiciales del Poder Judicial, Argueta indicó que es justo exigir una investigación y la acusación de las personas que han dilapidado fondos del Estado.

"Están los documentos donde en varias situaciones nos opusimos por considerar que no existía la solvencia necesaria en la Tasa de Seguridad. Nos opusimos contundentemente, para la compra y reparación de helicópteros y otros enseres de las Fuerzas Armadas", comentó Rolando Argueta.

Agregó que el informe del CNA que tiene que ver con la compra del avión presidencial es un indicio para comenzar una investigación adecuada para deducir las responsabilidades si acaso las hubiera.

Además, recordó que durante la adquisición del avión presidencial, en 2014, él no fungía como presidente de la CSJ, por lo tanto no integraba el Consejo de Defensa y Seguridad comandado entonces por Juan Orlando Hernández.

Argueta comenzó sus funciones en 2015 y estará en su cargo hasta enero de 2023 cuando se elija la nueva Corte Suprema de Justicia.

Informe del CNA

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles un informe relacionado a la compra del avión presidencial supuestamente con fondos de la Tasa de Seguridad.

De acuerdo al informe, el Consejo de Defensa y Seguridad autorizó en octubre de 2014 al Comité Técnico del Fideicomiso del "Tasón" hacer el desembolso de 1,077 millones 713 mil 684.68 de lempiras en concepto de adquisición, uso, mantenimiento y operación de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600.

Inicialmente, el Gobierno hondureño dijo que la compra de la aeronave se haría con fondos de "países amigos".

Pero luego, en octubre de ese mismo año, el Congreso Nacional aprobó una reforma a la Ley de Contratación del Estado para incorporar la excepción de hacer compras de bienes usados, a fin de adquirir la aeronave que era de segunda mano, pues la Embraer Legacy 600 ya contaba con mil 606 horas de vuelo.

El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ordenó que la aeronave presidencial sea utilizada para repatriar cuerpos de hondureños que fallecen por diversas causas en el exterior.

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