Según el transportista, el problema radica en que una nueva organización criminal le está exigiendo un pago por extorsión, el cual se suma a los alrededor de cinco pagos ya existentes por este flagelo.

Con respecto a los usuarios perjudicados, "entre 30 mil y 40 mil personas son las que utilizan esa ruta de 76 unidades. Hay que ser claro y decirle al pueblo hondureño que las rutas de transporte que operan en Tegucigalpa y San Pedro Sula lo hacen porque pagan la extorsión, no porque esta haya terminado", manifestó Cálix en TN5 Matutino de Canal 5.

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A pesar de reconocer que la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa están haciendo esfuerzos para capturar a los extorsionadores, el dirigente critica que las autoridades encargadas de la judicialización no realizan grandes esfuerzos para evitar la liberación de los sospechosos.

En este contexto, Cálix instó al Congreso Nacional y a las instituciones correspondientes a ampliar las facultades del estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2023, así como aprobar y hacer cumplir reformas destinadas a combatir la extorsión.

Según el último informe de la Secretaría de Seguridad, de enero a diciembre de 2023, la Policía Nacional ha impedido el pago de L56,717,000 por extorsión mediante distintas acciones para proteger a los diversos sectores afectados por este problema.

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