El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que están trabajando en "sacar a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) del ordenamiento jurídico".

"Las ZEDE son inconstitucionales, sin embargo, con la Corte Suprema de Justicia actual no se puede (anular), porque desde el 2014 presenté recursos de institucionalidad a la misma ( contra su ley orgánica) y fueron engavetados", expresó Redondo.

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Ley Orgánica de las ZEDE se creó mediante una reforma a la Constitución de la República, por lo que para su derogación se requiere mayoría calificada (86 votos) en el Congreso Nacional, una cifra que no tiene la oficialista alianza entre Partido Salvador de Honduras y Libertad y Refundación (Libre), que propone su anulación.

El presidente del Legislativo reiteró que se continua en el trabajo para que ley orgánica de las ZEDE sea derogada completamente de la Constitución del país.

Urge derogación de las ZEDE

"Quiero tomarle la palabra a los congresistas del Partido Nacional que han dicho hasta el cansancio en los medios de comunicación que apoyará una derogatoria de las ZEDE, para ratificarla el próximo año y así se termine esta historia", dijo Jari Dixon, diputado de Libre.

Por su parte, el comisionado presidencial para la derogación de las ZEDE, Fernando García, dijo que ya se trabaja en una normativa complementaria para eliminar cualquier figura política sobre las ZEDE de la legislación nacional.

¿Qué son las ZEDE?

En el año 2013, el Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Las ZEDE son espacios territoriales altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera.

De conformidad a lo establecido en la Ley que las regula, las ZEDE tienen personalidad jurídica, están autorizadas para establecer su propia política y normativa, y también gozan de autonomía funcional y administrativa.

Asimismo, contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva dentro de ellas.

La ley establece que el régimen fiscal especial de las ZEDE las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos.

Además de contar con un régimen fiscal independiente y deben orientarse por una política de bajos impuestos.

La creación de esos espacios autónomos ha sido rechazados por los grandes empresarios, las universidades, los gremios de abogados e ingenieros, los fiscales y las iglesias, por considerarlas inconstitucionales.

La presidenta, Xiomara Castro, anticipó en su plan de gobierno que la iba derogar las ZEDE argumentando que viola la soberanía nacional, además de ser inconstitucionales.

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