X
Un juzgado con jurisdicción nacional decretó auto de apertura de juicio contra el excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana, a quien se le supone responsable del delito de lavado de activos. La resolución se hizo pública este miércoles (12.1.2022).
A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial anunció el dictamen para el exintegrante de la organización castrense, su esposa, Jennifer Bonilla, y su suegra, Reina Bonilla.
Según el Ministerio Público, a los imputados se les acusa por el lavado de al menos 238 millones de lempiras en perjuicio del Estado de Honduras.
LEA TAMBIÉN: Roosvelt Aviléz: Dictan auto de apertura de juicio contra alcalde de Talanga
En ese sentido, a Orellana y sus familiares se les incautó 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos.
Por otro lado, mediante el testimonio de un testigo protegido del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, la Fiscalía hondureña reveló que el excapitán realizaba operativos en la zona y no declaraba la totalidad de lo incautado.
Así se quedaba con una parte del dinero para enriquecerse. Además, vendía armas decomisadas a grupos delictivo de La Ceiba y La Mosquitia.
“Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares”, acusó el Ministerio Público.
“Según testigos, también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)”, agrega.
Asimismo, el Ministerio Público reveló que mientras Orellana fungió como capitán recibió un total de 2.5 millones de lempiras en ingresos brutos, es decir, unos 813,918 mil lempiras mensuales, producto de venta de armas y robo de bienes incautados.
LE PUEDE INTERESAR: Salvador Nasralla reitera 'unción' de Luis Redondo como presidente del CN
Añadieron que todo ese dinero era enviado a su esposa y suegra, quienes trabajaron en complicidad con el excapitán.
Finalmente, el ente argumentó que Jennifer Bonilla y Reina Bonilla recibieron alrededor de 238 millones de lempiras entre 2010 y 2020, mismos que no pudieron justificar.
