Así lo manifestó este viernes el subdirector del SAR, Christian Duarte, al calificar como "totalmente falso que la ley vaya a encarecer la canasta básica o que vaya a tener un impacto sobre el costo de vida".

Las declaraciones se generan en un contexto en que la empresa privada se ha opuesto rotundamente a la Ley de Justicia Tributaria, calificándola, incluso, como un "atentado a la generación de empleos y a la inversión".

La Ley de Justicia Tributaria plantea la eliminación de 16 regímenes de exoneración fiscal, bajo el argumento de que "su tiempo y su propósito caducó".

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"Invito a que salgan al campo y hablen con los productores, a que salgan a los mercados y hablen con los vendedores (…) Pregunten cuántos de ellos están exonerados, cuántas microempresas, cuántas pequeñas empresas están exoneradas. Son apenas 1,700 empresas exoneradas, cuando 300,000 empresas pagan sus impuestos", añadió Duarte.

Durante la semana, empresarios del sector agroindustrial aseguraron que retirar la exoneración del Impuesto Sobre Venta (ISV) a ese rubro, contemplada en el decreto 119-2016, generará un alto nivel de inflación.

Sin embargo, Duarte manifestó que la ley busca "fomentar la producción nacional" y que "uno de los graves problemas inflacionarios está vinculado con el hecho de que buena parte de la cantidad de insumos que consume el país son importados".

Desde que inició el proceso de socialización de la Ley de Justicia Tributaria, Gobierno y sector privado han entrado en un conflicto de posiciones.

Incluso se ha trasladado al ámbito político, en donde el Partido Nacional y el Partido Liberal se han opuesto rotundamente, mientras el Partido Salvador de Honduras (PSH) ha solicitado analizar el anteproyecto y reunirse con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

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