Los misteriosos asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, dos líderes ambientalistas defensores del río Guapinol y del Parque Nacional Carlos Escaleras, conmocionaron a la comunidad nacional e internacional que instaron al Gobierno de Honduras a realizar una investigación pronta e independiente.

El crimen de estos defensores del ambiente y del río Guapinol ha generado una condena unánime a nivel nacional e internacional que piden al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro no hacerse de oídos sordos y actuar en base a ley para que el crimen no quede en la impunidad.

"Queremos una investigación que permita resultados que nos digan en realidad cuál es el móvil y las causas por lo que ocurrió este hecho. Mientras eso no suceda, siempre habrá una sospecha", comentó Juan López, coordinador del Comité Ambientalista de Tocoa.

De igual manera, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, y la Secretaría de Derechos Humanos se unieron al clamor de una sociedad que exige justicia para Bonilla y Domínguez, este último parte de un grupo de defensores criminalizados por la defensa del río Guapinol.

Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados el sábado pasado por sujetos desconocidos al momento que se conducían en una motocicleta en la aldea La Concepción, en Tocoa, Colón, en la zona caribeña de Honduras.

Sus restos mortales fuero sepultados el domingo en medio de un centenar de personas que reconocieron la lucha de los defensores del ambiente.

El río Guapinol se ubica en Tocoa, en Colón, mientras que el Parque Nacional Carlos Escaleras, Olancho, Yoro y Colón.

Sectores lamentan los asesinatos

"No creíamos que en el Gobierno de Xiomara Castro iban a ocurrir crímenes contra defensores ambientales. Pero pasa que no hay una protección adecuada, estos compañeros están bajo el mecanismo de protección y no se les está dando las medidas idóneas", comentó Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).

Para Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, el actual gobierno tiene una gran responsabilidad por esos asesinatos, dado que no han declarado la nulidad de las concesiones otorgadas a la empresa Los Pinares, pese a que se han presentado una infinidad de denuncias.

"Lo que tienen que hacer las autoridades es resolver el origen del conflicto y el origen es la concesión minera en un parque natural y además con una serie de irregularidades que no se han resuelto", dijo Mejía.

"En ese sentido, las nuevas autoridades tienen las mismas responsabilidades que el régimen anterior, porque ha pesar de tener todos los informes en mano no han hecho nada", cerró el defensor de los derechos humanos.

Vea además: ONU insta a Honduras 'investigación pronta' del asesinato de dos ambientalistas de Guapinol