En un comunicado conjunto, los legisladores pidieron expresamente al presidente que utilice todas las herramientas autorizadas por el Congreso estadounidense en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y otras autoridades legales para sancionar a quienes amenacen la estabilidad democrática en el país centroamericano.

Risch y Rubio, miembros del Comité y Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, respectivamente, señalaron directamente a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por lo que describieron como "continuos esfuerzos por socavar la separación de poderes en Honduras".

Los senadores estadounidenses expresaron su preocupación por los recientes actos de violencia perpetrados por 'colectivos' afiliados al partido Libre, que "intentaron imponer a un fiscal general 'falso'", lo que consideran un "ataque a las instituciones democráticas de Honduras".

Además, subrayaron que "el próximo fiscal general debe ser elegido con los 86 votos constitucionalmente requeridos", refiriéndose a los intentos fallidos por elegir a ambos funcionarios que hubo en el Congreso Nacional a finales de agosto.

Fiscales interinos

Ante esa falta de consenso y argumentando el onceavo numeral del artículo 208 de la Constitución, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, dominada por diputados oficialistas, nombró el pasado 1 de noviembre de manera interina a Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto, respectivamente, lo que generó controversia y rechazo de las bancadas contrarias.

Esta situación ha generado preocupación tanto en el Gobierno como en el Senado estadounidense.

En ese contexto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, junto con otros funcionarios de alto rango de la Administración Biden, como Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, condenaron la decisión del Congreso Nacional en relación con la elección de las autoridades del Ministerio Público.

Incluso Frank O. Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha unido a las voces de preocupación y ha cuestionado la acción tomada por el oficialismo hondureño.

Sin embargo, el partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), asegura que seguirá buscando consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público de manera permanente.

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