Se espera que en las próximas horas se conozca mediante comunicado oficial los alcances que tuvo la reunión y los posibles acuerdos alcanzados en esta visita de los senadores y congresistas con la mandataria.

Además, esa delegación mantuvo una discusión importante con representantes del Congreso Nacional sobre la importancia de un Congreso independiente y la participación de todos los representantes electos.

La delegación la integran el senador Tim Kaine, quien se desempeña como presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental y que anteriormente trabajó como misionero en Honduras.

Además, Dick Durbin , Jeff Merkley, Peter Welch y Laphonza Butler y los representantes estadounidenses Delia Ramírez (D-IL- 3) y Norma Torres (D-CA-35).

También no escapó abordar la necesidad de una negociación real y el estado de derecho para asegurar la credibilidad del Congreso según posteó la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu.

Con sociedad civil

La representación estadounidense ha tenido una apretada agenda, misma que incluyó una reunión con representantes de la sociedad civil en el país.

Todo según informó la embajadora Dogu en aras de "proteger el espacio cívico y permitir el diálogo abierto", como vía esencial en cualquier democracia.

La discusión fue clave porque abordaron la percepción que tienen sobre el estado actual de la democracia, el estado de derecho, y la lucha contra la corrupción en Honduras.

La delegación que llegó al país este sábado 9 de diciembre de 2023, se reunió también con los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con quienes abordaron diversos temas.

Entre ellos: la prosperidad económica sostenible e inclusiva, el comercio bilateral y lazos culturales a través de un clima sólido de inversión y la protección del estado de derecho.

La vista de los funcionarios estadounidenses surge en un momento crítico que vive el país con la paralización del Congreso Nacional desde el 31 de agosto de 2023, cuando no se alcanzaron los consesos para la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público.

La preocupación surge por la instalación de una Comisión Permanente en el Congreso que es catalogada por la oposición como "ilegal" y que nombró de forma interina a las autoridades de la Fiscalía.

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