Son siete recomendaciones las que da al país el Informe Anual sobre Trata de Personas que elabora el Departamento de Estado en el 2022.

Honduras se mantuvo en el nivel 2 en el combate a la trata de personas, dice el informe.

Esta situación da lugar a esas siete recomendaciones para el país en busca de mejorar el combate, identificación de víctimas de trata y la aplicación de penas a las redes de tratante.

Por ejemplo, aumentar el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los tratantes, incluyendo a los funcionarios cómplices y autores de delitos en trabajo forzoso.

También aumentar las capacitaciones para los funcionarios de primera línea. Sobre todo en la implementación de los Procedimientos Operativos Estandarizados (POES), para la identificación y remisión de víctimas.

Más financiamiento para la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) y otras instituciones que trabajan
en el combate a la trata.

Atención en el reclutamiento fraudulento de empleo en Honduras y en el extranjero.

Castigar a empleadores o agencias de empleo por prácticas ilegales que facilitan la trata. Entre ellas están las ofertas fraudulentas de empleo y comisiones ilegales para la colocación.

Modificar la ley contra la trata de 2014 e incluir una definición de trata de personas congruente con el derecho internacional.

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También incrementar e institucionalizar la capacitación sobre el combate a la trata para policías, fiscales, jueces y el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la CICESCT.

Por último, redactar un Plan Nacional de Acción (PNA) para el 2023, garantizando recursos para su implementación.

Penas mínimas en casos

En contraste a lo sugerido por el Departamento de Estado para combatir la trata de personas en Honduras, el enjuiciamiento de dos autores de delitos en materia de trabajo forzoso, entre ellos el propietario de un restaurante y un inspector del trabajo, desnudan las bajas condenas.

“Fueron condenados el empleador por condiciones en explotación de servidumbre y el inspector por el delito de revelación de secretos en el 2021”, explicó un fiscal del Ministerio Público.

El caso implica lavado de dinero y el trabajo forzoso de 32 víctimas.

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Esfuerzos fallidos

Ambos acusados se sometieron a un procedimiento abreviado y las penas que
se les impuso fueron de cuatro a seis meses de prisión”, explicó el fiscal.

Una pena que no refleja los esfuerzos de enjuiciamiento y demuestra que hay un retroceso por las modificaciones que se hicieron al artículo 219, del Código Penal,
en noviembre del 2021.

“Las nuevas disposiciones modificaron la definición de trata, generando incongruencias con el derecho internacional. La ley estipulaba que el uso de la fuerza, el fraude o la coacción constituían agravantes, en lugar de ser .elementos esenciales del delito”, señala el informe.