A 20 días para que entre en vigencia el nuevo Código Penal de Honduras, varios sectores se pronuncian en contra de la aplicación de la Ley, señalando la reducción de penas en varios delitos, entre ellos los que se cometen en contra de la administración pública..

La Fundación Honduras Global emitió un comunicado en el que exhortó al Congreso Nacional que considere la no aplicación de la nueva normativa penal y que retome el proceso de su redacción.

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"Apoyamos todas las iniciativas adoptadas tanto por las organizaciones no gubernamentales como por la sociedad civil mediante las cuales se exige que sea suspendida la aplicación del Código Penal votado por la alta asamblea en el año 2018", indicó la Fundación.

Sectores como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), el Comité para la Libre Expresión (C-Libre), entre otras; así como varios empresarios, se oponen al nuevo instrumento penal.

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En medio de la oposición, el Congreso Nacional asegura que el decreto 130-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 10 de mayo de 2019 no beneficia a los corruptos, como lo indican los entes de sociedad civil.

La vigencia de la Ley estaba prevista para el 10 de noviembre de 2019 y ante cuestionamientos el Legislativo amplió su entrada en vigor para el 10 de mayo de 2020 a fin de socializar con los diversos sectores del país; y ante la emergencia del covid-19 el Congreso extendió 45 días más, debiendo aplicarse a partir del 25 de junio.

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Comunicado de Honduras Global