Un juez suspendió este martes la audiencia inicial contra el exalcalde de Choloma, Cortés, Leopoldo Crivelli y otros imputados por delitos relacionados a la administración pública debido a que la carga probatoria proporcionada por el Ministerio Público (MP) es extensa.

Asimismo, la audiencia quedó nuevamente programada para el próximo martes 30 de abril.

Anteriormente, en la audiencia de declaración de imputado, el exedil de Choloma recibió medidas sustitutivas a la prisión.

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Crivelli fue capturado el pasado 9 de abril en el marco de la Operación Themis ''por tener una orden de captura pendiente por parte del Juzgado de Jurisdicción Nacional de Crimen Organizado por delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios'', informó el titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez.

De acuerdo a la acusación del MP, el requerimiento fiscal se presentó tras la investigación de irregularidades en el proceso de ejecución del proyecto denominado 'Mercado El Ceibón' en Choloma, Cortés, la cual concluyó que unos 270 pequeños empresarios fueron perjudicados con un proyecto a medias y con sus nombres en la central de riesgos.

Imputados

Los imputados en dicho requerimiento son:

  • Leopoldo Crivelli Durant, exalcalde de Choloma (2014-2018), por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
  • Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo de BANADESA, por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.
  •  Julio César Maldonado Hernández, representante de la empresa Grupo Surco (constructora del mercado municipal), por los delitos de fraude y lavado de activos.
  • José Rubén Álvarez como presidente de la junta directiva de la Cooperativa Mixta ANAVIHL, por los delitos de cooperador necesario y fraude.
  • Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de BANADESA, por suponerlo responsable a título de autor del delito de violación a los deberes de los funcionarios y fraude.

Investigación

Según la investigación, todo inició en el año 2015 cuando  un grupo de vendedores ambulantes de Choloma urgidos de un espacio de trabajo digno, se les aprobó en sesión de corporación municipal la construcción de un mercado, que se conocería como 'El Ceibón'.

Fue así que se procedió con el proyecto anhelado por los locatarios, sin embargo, todo se trató de un fraude luego que el alcalde Crivelli junto al empresario Maldonado Hernández de la empresa Surco gestionaran un préstamo ante BANADESA por 35 millones 600 mil lempiras (en donde hubo confabulación de sus autoridades al no seguir los procedimientos establecidos), explicó el MP.

Dichos recursos fueron  administrados por la empresa Surco sin ningún tipo de control, en ese sentido la investigación arrojó que esta empresa utilizó los fondos entre otras cosas para gastos personales, pago de un apartamento, transferencias particulares y pagos a tarjetas de crédito.

Al final, se intentó justificar la obra con un edificio a medio construir, totalmente inhumano, sin condiciones dignas, de madera y muy precario, truncando así el sueño anhelado por los pequeños empresarios.

Según indicó el requerimiento fiscal presentado por el MP, se obtuvo otro financiamiento en la empresa Cofisa y el monto del préstamo llegó a los cincuenta y cinco millones, cuatrocientos veinte seis mil doscientos setenta y cinco lempiras (L 55,426,275.37).

Este valor pasó a deuda de los vendedores sin ni siquiera tener la opción de poder tener su negocio en un lugar adecuado, pero con la indignación y la impotencia de estar en la central de riesgos y sin poder acceder a créditos de ningún tipo, indicó el requerimiento fiscal.

Antecedentes de acusaciones

En agosto de 2014, las autoridades allanaron la vivienda del exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, así como las oficinas de la comuna de ese lugar.

La Operación denominada Sindaco pretendía confirmar presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de Crivelli.

Asimismo, en mayo de 2016, los tribunales de justicia de San Pedro Sula, dictaron auto de formal procesamiento contra el edil cholomeño, quien en ese momento gozaba de medidas distintas de prisión.

Crivelli fue denunciado por 32 empleados que habían formado un sindicato en la municipalidad de Choloma, a quienes ‘’hostigaba y agredía’’, según informó en Ministerio Público (MP).

Por otra parte, en 2020 fue acusado por una presunta valoración de 7.5 millones de lempiras de un terreno del botadero municipal en Choloma, el que tenía un costo de 3 millones, de acuerdo a la valoración de Bienes Nacionales del Estado.

Según la acusación fiscal, Crivelli y sus regidores introdujeron un documento que adulteraba el valor y del mismo en unos 10 millones de lempiras para cometer el fraude.

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