Se trata del exdirector del Centro Penal de Támara, René Cruz, quien asegura que por el ingreso de armas a ese establecimiento carcelario el personal penitenciario cobra hasta L85 mil.
Aseguró que los escáneres presentan fallas y que es necesario tomar las medidas correctivas a tiempo y que, con las disposiciones que ha tomado el Gobierno, esperan se controle la seguridad.
"Lo sucedido en la cárcel femenina en Támara es una muestra de la carencia y una falla en los dispositivos de seguridad, así como el recurso humano. Falla la parte tecnológica y la inteligencia”, refirió.
Según Cruz, lo que deja en ganancias al personal penitenciario el ingreso de armas está dejando un patrimonio ilegal.
“Hasta donde entiendo, se pagan grandes cantidades por ingresar granadas, armas, así como otros insumos como cigarrillos”, detalló.
El pago que dan los privados de libertad por ingresar, por ejemplo, una granada a un centro penitenciario es de L75 mil y fusil entre L80 a L85 mil”.
“Suponiendo que hay tres anillos de seguridad mancomunados en los centros carcelarios, entonces, para que un arma pase por lo que llamamos aduanas, tendrían que ir repartiendo esa cantidad entre ellos”, concluyó.
El exfuncionario estableció que deben implementar registros simultáneos en los 25 centros penitenciarios e intentar sacar todas las armas que se encuentran en el interior.
Medidas
Desde organismos defensores de Derechos Humanos han propuesto la implementación de diversas medidas para controlar los recintos.
Van desde requisas, revisión del estado del proceso de cada privado, la rehabilitación de los internos y evaluar al personal penitenciario.
Hugo Maldonado, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), estima que, en el caso de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), debe sancionarse a las autoridades del establecimiento.
"No solo es investigar a las autoras de ese hecho, sino también a los funcionarios que tenían la custodia de las privadas de libertad. Unos por acción y otros por omisión", señaló.
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