El abogado y analista político, Raúl Pineda, indicó el lunes (07.02.2022) que las personas que sean condenadas por el delito de traición a la patria podrán ser extraditadas, en caso de ser requeridas por la justicia extranjera, hasta que cumplan la pena correspondiente en Honduras.

Y es que el Congreso Nacional, que preside Luis Redondo, aprobó una ley para castigar por traición a la patria a quienes hayan atentado contra preceptos constitucionales pétreos.

En ese sentido, Pineda explicó que la legislación hondureña establece que la extradición puede ser efectiva hasta que una persona sea absuelta en un juicio o cumpla la condena por cualquier delito en Honduras.

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“La ley establece que mientras tenga un juicio pendiente en el territorio nacional la solicitud de extradición, si se concede, debe ser diferida al momento que finalice el juicio o en el momento que se cumpla la condena", añadió.

Caso del expresidente Hernández

En el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de llegar a ser acusado de traición a la patria por el tema de la reelección presidencial y de ser solicitado por la justicia de Estados Unidos, afirmó que ocurriría lo mismo, esperar el juicio o que cumpla la pena si es condenado.

De igual forma, manifestó estar seguro de que la justicia de los Estados Unidos presentará una acusación formal por narcotráfico contra Hernández y que los norteamericanos lo extraditarán a cualquier costo y de cualquier manera.

“Yo sí estoy convencido de que la ajusticia norteamericana va a presentar el requerimiento o la acusación correspondiente, todo apunta a que van por esa ruta y que va a venir una orden de extradición que tratará él de defenderse”, sostuvo.

Recordatorio

Pineda expresó que la ley de castigó a los que han atentado contra la Constitución de la República cumple con los requisitos de la técnica parlamentaria, pero que no dice nada nuevo, pues lo que contempla ya está establecido en la ley fundamental del Estado, por lo que calificó la normativa como un recordatorio.

En ese sentido, indicó que la ley representa una amenaza inminente contra los que participaron o auspiciaron la reelección presidencial.  

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