El Tribunal Constitucional (TC), propuesto mediante un proyecto de ley por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no es conveniente para la seguridad jurídica, la cual ya está en juego en Honduras, según el abogado Dennis Hércules.

Y es que el TC reemplazaría a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es el último intérprete de la Constitución. Por lo tanto, según el jurista, si hoy se creara el Tribunal, generaría conflictos con los recursos no resueltos interpuestos anteriormente ante la Sala.

"Si se creara el Tribunal Constitucional y yo interpuse un amparo ante la Corte ayer, ¿quién me lo va a resolver? Debería ser la CSJ por medio de la Sala de lo Constitucional, pero daría lugar a debate y no sería conveniente para la seguridad jurídica", explicó Hércules en el foro Frente a Frente de Canal 5.

Las primeras impresiones del proyecto, sobre todo de la oposición, son negativas y lo acusan de buscar perpetuidad en el poder. Ante ello, el abogado constitucionalista Oliver Erazo indicó que es fundamental demostrar que el TC no tiene ese enfoque, sino el de dar certeza, seguridad jurídica y protección de la Constitución.

En tal sentido, indicó que para cambiar la perspectiva negativa es esencial que, de forma paralela a la discusión del Tribunal, se aborden reformas electorales, como la ciudadanización de las mesas electorales y la separación de las elecciones en cada nivel en diferentes periodos.

"Si seguimos en lo mismo, los únicos que van a seguir participando son quienes han tenido siempre el acceso al poder económico y al poder fáctico-económico", manifestó Erazo.

Función del Tribunal Constitucional en Honduras

Redondo propuso la creación de un Tribunal Constitucional en la República mediante la reforma de los artículos 302, 303 y 313 de la Constitución, que están relacionados sobre las atribuciones del Poder Judicial.

Este tribunal sería independiente y sus decisiones no podrían ser revocadas, contaría con siete magistrados titulares y suplentes elegidos por el Congreso Nacional de manera similar a la elección de los de la CSJ.

Sin embargo, el diputado oficialista de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, aseguró que el proyecto respeta el actual periodo de siete años para los que son electos de magistrados de la CSJ, mismo que finaliza en 2030.

Asimismo, señaló que, al ser una iniciativa, aún puede ser modificada, incluyendo la forma de elección de los magistrados.