Mientras se va conformando la Junta Proponente para la elección de los fiscales del Ministerio Público, las bancadas en el Congreso Nacional negocian y aseguran que para crear la figura del segundo fiscal general adjunto se necesitan los 86 votos (mayoría calificada), pero la sociedad civil asegura que, para ello, también se puede reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía.
"Estamos en diálogos. Eso le puedo adelantar al pueblo, queremos obtener los 86 votos para elegir al fiscal general y a los fiscales adjuntos", mencionó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé.
Con esta medida, además, se buscaría elevar al director de fiscales para que los tres partidos políticos mayoritarios estén representados en el Ministerio Público, no obstante, el camino legal para lograr ese propósito aún no está definido, adelantó Tomé.
"Todavía no puedo adelantar cuál va ser el camino, lo que si podemos asegurar es que estamos dialogando y buscando el proceso de cómo elegir a las autoridades del Ministerio Público", señaló el parlamentario.
Mientras el tripartidismo se pone de acuerdo, el debate se amplía y se habla de una reforma constitucional, pero los tiempos son insuficientes, pues la misma tendría que ratificarse en 2024 y eso provocaría que se ampliara por seis meses más el mandato del fiscal general Óscar Chinchilla, quien debe dejar el cargo en agosto de 2023.
"Podría ser uno de los escenarios, pero sería lamentable, sobre todo por el desempeño en los últimos años del fiscal general", expuso Juan Carlos Aguilar, director de transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
"No podemos tener reformas por la simple razón que una vez que inicia el juego no se pueden cambiar las reglas durante el proceso y en el caso de que se realicen reformas se estaría violentando el proceso y tendría que declararse nulo y volverlo a comenzar", agregó.
Reformar Ley Orgánica del Ministerio Público
No obstante, desde el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) señalan que el escenario es más sencillo a través de una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y dejar a discreción del Congreso Nacional el nombramiento del director de fiscales, que actualmente es designado por el fiscal general.
"Lo que los partidos políticos no quieren es dejarle ese trabajo al fiscal general, lo que quieren es que en este acuerdo tripartidista el fiscal general, fiscal general adjunto y supervisor de fiscales sean electos por el Congreso Nacional y así garantizar representantes de los tres partidos mayoritarios", mencionó Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Ciprodeh.
Los expertos consideraron lamentable que se hable de reformas a marcos normativos únicamente para cumplir negociaciones políticas y no con el objetivo de hacer cambios integrales en beneficio de la sociedad.
El Ministerio Público es dirigido actualmente por el fiscal general Óscar Chinchilla ( nacionalista), y el fiscal adjunto Daniel Sibrián (liberal).
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