La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) está lista para presentar 347 medios de pruebas en la audiencia inicial del caso "Hermes", en el cual se logró establecer que fondos públicos fueron malversados de Casa Presidencial a través de la empresa de maletín Servicios e Inversiones AID, anunció el jueves (25.3.2021) el Ministerio Público.

Según la investigación del Ministerio Público, en el caso "Hermes" están implicados 11 funcionarios que malversaron fondos por un monto de L122 millones de lempiras de Casa Presidencial destinados a campañas publicitarias del gobierno.

En ese sentido, la Fiscalía hondureña encontró 347 medios probatorios para llevar a audiencia a los implicados.

De esas 347 pruebas, 250 son pruebas documentales que conforman tres mil folios, 95 son testificales y dos son pericias forenses, con lo que buscará que se dicte el correspondiente Auto de Formal Procesamiento.

El Ministerio Público pactó que la audiencia de declaración de imputado fue calendarizada para el próximo viernes 9 de abril de 2021.

Caso "Hermes"

De acuerdo a las investigaciones, Casa Presidencial suscribió 29 contratos directos con la empresa Servicios e Inversiones AID entre inicios de 2014 y diciembre de 2016.

Estos 29 contratos fueron destinados a la prestación de "servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales de televisión a nivel nacional según listado de medios entregado por el contratante", según detalló un informe del Ministerio Público.

La contratación de AID se hizo en 2016 por instrucción de la entonces ministra de Comunicaciones, Hilda Hernández -hermana del presidente hondureño Juan Orlando Hernández- quien murió en 2017 en un accidente aéreo.

El total de fondos acreditados a la empresa Servicios Inversiones AID fue de 122 millones con 105 mil lempiras, cantidad que sobrepasó en más de 49 millones de lempiras el presupuesto aprobada a Casa Presidencial para el rubro publicidad y propaganda.

El informe indica que los fondos públicos también fueron usados para compra de vehículos, boletos de avión, préstamos, construcción de viviendas, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campaña política y diseño y montaje de un restaurante.

A su vez, renta de vehículos blindados, compra de semilla para producción de vivero de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de una propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana.

Los implicados

Entre los implicados, el Ministerio Público señala a Pedro Alexander Pineda Díaz, secretariado de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, acusado de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, un delito de malversación de fondos y 43 delitos de fraude; todos en perjuicio de la administración pública.

Asimismo, Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente administrativo de Casa Presidencial, acusado de 43 delitos de violación a los deberes de los funcionarios, un delito de malversación de fondos y 43 delitos de fraude.

Además, Lesly Mirella Funez Sierra, contadora general de Casa Presidencial, acusada de 43 delitos de violación a los deberes de los funcionarios y 53 delitos de malversación de fondos.

También es acusado Axel Eduardo Huete Gonzales, gerente administrativo de Casa Presidencial, por 43 delitos de violación a los deberes de los funcionarios, tres delitos de fraude y 3 delitos de malversación de fondos públicos.

A su vez, está implicada Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, considerada cómplice de 43 delitos de fraude y un delito de lavado de activos en perjuicio de la administración pública.

Por su parte, son acusados Claudia Yamilia Noriega Gonzales y Norman Guillermo Noriega Rodríguez por el delito de lavado de activos.

Así como el sub jefe de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas , Mario Alberto Villanueva Menjívar, autor del delito de testaferro en perjuicio de la economía del Estado.

Mientras que, Judit Mariel Muñoz Castañeda y Julio Antonio Galdames Fuentes son acusados del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública.

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