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La diplomática manifestó que se gasta entre el 5 % y el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en abordar los casos de violencia contra las mujeres y niñas, recursos que podrían utilizarse para el crecimiento del país si se erradicara dicho flagelo.

"Podrían construir más escuelas y tener más juzgados (por ejemplo), pero naturalmente la rendición de cuentas de los tres poderes del Estado es crítica", manifestó Shackelford en el foro Frente a Frente Canal 5.

En ese contexto, la representante de la ONU resaltó la importancia de crear una política de Estado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en conjunto con la sociedad civil, para la erradicación de la violencia de género.

"Todos los pasos que hacemos en discriminar a las mujeres y relegar su rol alrededor de su cuerpo, sexualidad y de madre, entre otros, significa no apoyar los cambios que se necesitan en este país", expresó Shackelford.

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Poca judicialización y mucha impunidad

La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, manifestó que la Fiscalía generó en los últimos doce años una marcada impunidad en los casos de violencia contra la mujer.

"La judicialización de los casos es menor al 10 %, que nos dé vergüenza porque no llegan los casos a judicializarse. ¿De qué sirve que los fiscales presenten buenos requerimientos si no pasan en el Poder Judicial? ¿De qué sirve que la Policía Nacional genere una adecuada carpeta investigativa si a los fiscales no les interesa?", manifestó la funcionaria.

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Por su parte, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gaudy Bustillo, denunció que no se puede seguir tolerando los altos índices de impunidad en estos crímenes.

"Venimos hablando desde hace muchos años, son 8,000 casos de mujeres que han quedado en la impunidad y eso no puede seguir sucediendo", externó la abogada.

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Bustillo indicó que se está especializando a los juzgados en el área de violencia de género para juzgar con perspectiva enfocada en dicho flagelo.

En ese sentido, se necesita que la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios también sea formada por autoridades que son los que toman las decisiones, según María Gálvez, gerente de Defensorías de Grupos Vulnerables del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

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