La determinación de Castro derivó de la matanza en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que el martes dejó a al menos 46 mujeres muertes a consecuencia de un presunto ataque de la pandilla Barrio 18 a un módulo ocupado, en su mayoría, por integrantes de la Mara Salvatrucha.

A partir del 1 de julio, según la orden que giró la mandataria hondureña a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, todas las cárceles hondureñas pasarán a estar bajo el control de la Policía Militar.

Además, las autoridades que encabezaban la Comisión Interventora del Sistema Carcelario, incluida la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, volverán a sus funciones habituales.

Las cárceles hondureñas estaban intervenidas por una comisión especial desde abril, luego de que, simultáneamente, se registraran reyertas en al menos cuatro cárceles del país, incluidas las de máxima seguridad.

Sin embargo, la tragedia del martes en PNFAS ha puesto en entredicho la efectividad del plan de acción que presentó la Comisión Interventora y ha obligado a Xiomara Castro a no tener mayor remedio que devolverle a la Policía Militar el control de las cárceles del país.

Esta determinación se contradijo con la orden que emitió el 25 de febrero de 2022, un mes después de asumir la presidencia del país, cuando ordenó la disolución de la intervención de las Fuerzas Armadas al Instituto Nacional Penitenciario (INP), que instituyó su predecesor Juan Orlando Hernández.

Puntos de la intervención de los militares

  • Coordinación, dirección y control de las 21 cárceles del país por un año.
  • Reclutamiento, capacitación y formación de 2 mil nuevos custodios de centros penales.
  • Habilitar las Islas del Cisne como granja penal para el traslado de cabecillas de organizaciones criminales.
  • Funciones de seguridad en los 18 departamentos del país.

Renuncias y remociones

De igual modo, este miércoles el subsecretario de Defensa, Elías Melgar, presentó su renuncia ante la presidenta Castro, horas después de que el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, fuera también cesado de su cargo.

La Secretaría de Seguridad declaró estado de emergencia en las cárceles hondureñas el martes, instantes después de la masacre en la PNFAS.

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