La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se unió el lunes al llamado de organizaciones de derechos humanos para que se libere a seis personas que fueron detenidas por la Policía Nacional y miembros del Ejército durante un desalojo por supuesta ocupación de tierras en Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía.

"He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH", pidió Castro, a través de Twitter.

La Oacnudh y la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras fueron las primeras en condenar el violento desalojo de pobladores en la comunidad garífuna Punta Gorda de Roatán, Islas de la Bahía, y exigieron que sean puestos en libertad.

Garantizar derechos humanos

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos "condena las agresiones y detención de 6 integrantes de la comunidad garífuna de Punta Gorda en Islas de la Bahía en el marco de un desalojo forzoso ejecutado por fuerzas policiales y militares en contravención a obligaciones de derechos humanos", escribió el organismo en Twitter.

"Hago un llamado urgente a las autoridades policiales y judiciales a poner en libertad a las personas detenidas y garantizar los derechos humanos de las comunidades garífunas", pidió la representante de la Oacnudh en el país, Isabel Albaladejo.

Desalojo de garífunas

Según se informó, los policías, militares, fiscales y un juez llegaron a Punta Gorda a cumplir una orden de desalojo de unas 30 manzanas de terreno privado que habían sido ocupadas por un grupo de garífunas, quienes reclaman que son de sus ancestros.

Los garífunas se opusieron a dejar sus casas por lo que se ejecutó un desalojo violento que dejó seis personas detenidas, entre ellas la coordinadora de la Organización Fraternal Negra (Ofraneh), en Punta Gorda, Melissa Martínez.

Los demás detenidos son Dorotea Arzu, Richard Martínez, Augusto Moisés Dolmo, Abat Sánchez Gómez y Keider Tichani Ballesteros, acusados por usurpación agravada, se informó.

Condenan uso de la fuerza

Al respecto, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo ocurrido en Punta Gorda.

Derechos Humanos responsabilizó al Juzgado de Letras Departamental de Roatán por actuar de forma contraria a los estándares internacionales y pidió, además, buscar soluciones y que se libere a los seis detenidos.

El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, también condenó las acciones policiales hacia los pobladores garífunas y exigió su liberación.

"Condenamos violento desalojo judicial de tierras ancestrales de la comunidad garífuna de Punta Gorda, exigimos respeto a Convenios Internacionales, a los derechos humanos de los pueblos originarios, garífunas y afro hondureños, así como la liberación de las personas detenidas", dijo Reina en Twitter.

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