El Congreso Nacional aprobó de manera unánime el decreto 32-2022, que contenía la derogatoria constitucional que suprimía la creación de las ZEDE, y de manera unánime el decreto 33-2022, que contenía la derogación total de todas las normas jurídicas derivadas de esta reforma, recordó la comisión Permanente en un comunicado.

Esta derogatoria se llevó a cabo el 21 de abril de 2022, y abarcó la derogación de la ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, actos, contratos, concesiones, o cualquier otra normativa relacionada con las ZEDE.

Sin embargo, para que estas derogatorias entraran en vigencia, según lo establecido en el artículo 216 de la Constitución de la República, requerían ser ratificadas constitucionalmente por 86 votos durante la recién culminada segunda legislatura del período legislativo 2022-2026, lo cual no sucedió.

Pero, la Comisión Permanente del Congreso Nacional reafirmó su posición el martes, advirtiendo que "todos aquellos que promuevan, apoyen y/o ejecuten la violación de los artículos pétreos de nuestra Constitución a través de las ZEDEs estarán enfrentando delitos imprescriptibles y tarde o temprano serán perseguidos por la justicia".

Cohep responde

En respuesta, el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Rafael Jerez, señaló que algunos miembros de la Comisión Permanente "necesitan clases de derecho constitucional".

"Para que una reforma o derogación constitucional cobren validez se requiere la ratificación constitucional. Sí, las ZEDE lesionan la soberanía, pero su derogación debe hacerse conforme a ley", manifestó Jerez.

Cuando las ZEDE se aprobaron, en 2013, a los inversionistas se les garantizó sus derechos de estabilidad y operatividad por 50 años, pero ante el cambio de gestión gubernamental, con la salida del Partido Nacional, se les ha amenazado con expulsarlas del país.

Una de las ZEDE, Honduras Próspera, abrió un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), reclamando una compensación cercana a los 11 mil millones de dólares.

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