A través de un decreto ejecutivo publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la administración del presidente Nasry Juan Asfura suprimió varias instituciones estatales, intervino otras dependencias estratégicas y anunció nuevos nombramientos dentro del gabinete.
La publicación marca un punto de inflexión en la estructura del aparato público hondureño y confirma una reconfiguración institucional que, según el argumento oficial, busca eficiencia, modernización y una mejor coordinación del Estado.
Secretarías eliminadas
Entre las dependencias suprimidas figura la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, así como la Secretaría de Planificación Estratégica y la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia.
La normativa también ordena la eliminación del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Programa de la Red Solidaria y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS).
Con la publicación en La Gaceta, estas instituciones dejan formalmente de operar como entes independientes dentro del organigrama estatal. El decreto establece que sus funciones serán redistribuidas conforme a lo que determine el Ejecutivo.
Argumento oficial: eficiencia administrativa
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que la medida responde a la necesidad de fortalecer la eficiencia administrativa, optimizar los recursos humanos y financieros y mejorar la coordinación institucional.
El documento señala que el proceso busca contar con estructuras públicas “funcionales, claras y alineadas” con las competencias legales de cada entidad.
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La decisión se ampara en facultades constitucionales del Poder Ejecutivo y en la Ley General de la Administración Pública, normativa que permite reorganizar dependencias estatales mediante decreto.
Para la administración de Asfura, se trata de avanzar en la modernización del Estado, eliminando duplicidades y consolidando funciones en estructuras más compactas.
Nuevo programa presidencial
Mediante un PCM, el Gobierno decretó además la creación del Programa Presidencial para el Fortalecimiento Municipal y Descentralización. Este nuevo organismo será dirigido por un funcionario nombrado directamente por el mandatario.
Su finalidad será coordinar, gestionar y supervisar los programas y proyectos que la Presidencia determine dentro de su agenda gubernamental para el desarrollo de los municipios del país.
Según el texto oficial, este mecanismo busca incentivar el crecimiento económico local y mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante una mayor descentralización de acciones estratégicas.
Autonombramientos y nuevas funciones
Uno de los puntos que más llamó la atención es que, además de las responsabilidades propias de la Presidencia, Nasry Asfura se autonombró como titular del sistema sanitario público y asumirá la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (CONFI).
Para la representación legal y ejecución de funciones, el mandatario designará un Director o Directora Ejecutiva que actuará como sustituto legal en los efectos administrativos correspondientes.
Este movimiento refuerza el control directo del Ejecutivo sobre proyectos considerados estratégicos, especialmente el Ferrocarril Interoceánico, una de las apuestas emblemáticas del actual Gobierno.
Intervenciones en instituciones clave
El decreto también aprueba la intervención de varias entidades públicas, entre ellas el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA); el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (SENACIT/IHCIETI).
A la lista se suman el Ferrocarril Nacional de Honduras; el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA); el Instituto de Crédito Educativo (EDUCRÉDITO); y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Las comisiones interventoras serán integradas mediante decretos ejecutivos del presidente y deberán rendir informes dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los artículos reformados de la Ley General de la Administración Pública.
Derogaciones y eliminación de programas previos
El Consejo de Ministros presidido por Asfura también suprimió el Decreto Ejecutivo PCM 13-2023, aprobado durante la administración anterior, que dio vida al “Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición para la Reconciliación y Refundación de Honduras”.
Además, fue derogado el Acuerdo Ejecutivo PCM 30-2025, que reconocía la antigüedad laboral acumulada por personal contratado que pasó a modalidad de nombramiento para efectos de cesantías y vacaciones.
Estas decisiones consolidan un giro en la orientación administrativa respecto a programas impulsados por el gobierno previo.
Nuevos nombramientos en el gabinete
En paralelo a la reestructuración, el presidente juramentó en Casa Presidencial a nuevas autoridades.
Entre los nombramientos más relevantes destaca la designación de Ana del Carmen Ardón Aguilar como secretaria general del Servicio de Administración de Rentas (SAR), entidad fundamental para la política fiscal y la recaudación tributaria en Honduras. Su rol será determinante en la gestión administrativa y legal de una institución clave para las finanzas públicas.

Otro de los anuncios que generó expectativa fue la juramentación de Ana Carolina Sikafy Canahuati como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi). Este proyecto ha sido presentado como una de las apuestas estratégicas para impulsar el desarrollo logístico, comercial y económico del país, por lo que su liderazgo será observado de cerca por distintos sectores.

En el ámbito territorial, el mandatario tomó promesa de ley a Kenny Olson McNab como nuevo gobernador político del departamento de Islas de la Bahía. La designación llega en un contexto donde el fortalecimiento de la gobernanza local y la articulación con las comunidades es considerado un eje fundamental para la gestión gubernamental.

Refuerzos en el área social
La jornada de juramentaciones también incluyó movimientos importantes en el sector social. Fanny Carolina Flores del Cid asumió como secretaria general de la Secretaría de la Niñez y la Familia (Senaf), institución responsable de velar por la protección de los derechos de la niñez, adolescencia y núcleo familiar.
En la misma dependencia fueron nombrados Juan Carlos Zavala como gerente administrativo y Luis Carlos Cortés Cardona como subsecretario, en lo que se interpreta como un fortalecimiento interno para mejorar la gestión operativa y administrativa.
Asimismo, Delmis Adelfia López fue juramentada como secretaria general de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, en una señal de continuidad y respaldo a las políticas enfocadas en la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres.
Mensaje de fortalecimiento institucional
Durante la ceremonia, el presidente Asfura reiteró su compromiso de consolidar una administración eficiente y orientada a resultados. Aunque no brindó un discurso extenso, el acto simboliza una apuesta por fortalecer equipos técnicos y administrativos en áreas estratégicas del Estado.
Estos movimientos dentro del gabinete forman parte de un proceso de ajuste y consolidación que, según fuentes cercanas al Ejecutivo, continuará en las próximas semanas con otros nombramientos en diferentes dependencias.
Las nuevas autoridades asumen sus cargos con el reto de responder a las demandas ciudadanas en materia de transparencia, eficiencia y ejecución de proyectos prioritarios. La atención estará puesta especialmente en instituciones como el SAR y la Comisión del Ferrocarril Interoceánico, por su impacto directo en la economía nacional.
Con estos cambios, el Gobierno busca enviar un mensaje de reorganización y enfoque estratégico, marcando el ritmo político de los primeros meses del período 2026-2030.
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