A pocos meses de haber asumido la presidencia de Honduras, Nasry Asfura ya tiene una deuda con la agenda anticorrupción del país, según consideró Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Las declaraciones surgen luego de que el mandatario anunciara que enviará al Congreso Nacional una nueva ley anticorrupción, con la que, según explicó, se buscaría garantizar el respeto a la independencia de los poderes del Estado y de los organismos contralores.

Sin embargo, desde la ASJ mantienen sus reservas ante la iniciativa, debido a que todavía existen acciones pendientes de la Estrategia Nacional Anticorrupción, publicada en el diario oficial La Gaceta.

¿Qué es la Estrategia Nacional Anticorrupción?

Es una hoja de ruta del Gobierno de Nasry Asfura para combatir la corrupción hasta 2030. No se limita a crear una nueva ley, sino que plantea cambios en varias instituciones del Estado y en las normas que permiten investigar y sancionar delitos de corrupción.

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Los principales componentes son reformas al Código Penal y Código Procesal Penal: busca fortalecer la investigación y castigo de delitos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada.

También contempla técnicas especiales de investigación, colaboración eficaz y mayores responsabilidades para empresas involucradas en actos de corrupción.

ASJ señala pendientes en lucha anticorrupción

Aguilar recordó que uno de los compromisos pendientes es el nombramiento de un Comisionado Presidencial para la Transparencia, figura contemplada dentro de la estrategia y cuyo nombramiento aún no se ha concretado.

"Todavía está pendiente el nombramiento del Comisionado. Está pendiente obviamente la articulación dentro de esa política de las instituciones de control para la implementación de la política".

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El director de Transparencia de ASJ también destacó la necesidad de establecer mecanismos de cooperación con organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, para apoyar la implementación de las acciones contempladas en la política anticorrupción.

En ese sentido, Aguilar consideró que la administración de Asfura tiene una deuda con la agenda anticorrupción, al existir compromisos que aún no han avanzado.

Cuestionan posible llegada de la CICIH

La discusión sobre la nueva ley también ocurre en medio de cuestionamientos sobre el futuro de la lucha contra la corrupción y la posibilidad de que Honduras vuelva a contar con una misión internacional especializada.

El analista y excandidato presidencial Nelson Ávila cuestionó el anuncio del Gobierno y sostuvo que la iniciativa podría tener como trasfondo evitar que avance la llegada de una eventual Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

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"En el fondo lo que evitan es que venga la CICIH para potencializar acuerdos entre ellos", afirmó Ávila.

Durante la campaña electoral, Asfura también asumió públicamente compromisos relacionados con la lucha contra la corrupción, entre ellos un acuerdo firmado con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

'Retroceso' en la lucha contra la corrupción

A las críticas se sumó Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), quien consideró que Honduras se encuentra en retroceso en materia de combate a la corrupción.

Irías señaló que durante los últimos años se habían alcanzado algunos avances que, a su criterio, estarían siendo desmontados.

"Vemos cómo más bien estamos en retroceso de los pequeños logros que se han dado en los últimos 10 años en la lucha contra la corrupción".

El representante de Cespad también cuestionó lo que calificó como un "desmontaje total" de los avances vinculados con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).