El director de seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, alzó nuevamente la voz ante la inacción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al estado de excepción.

Desde hace meses, la ASJ presentó un recurso de inconstitucionalidad para frenar las constantes prórrogas del estado de excepción, una medida que, según sus palabras, fracasó rotundamente en su intento por contener la violencia en el país.

“No ha dejado nada positivo”, lamentó Castañeda. La medida, originalmente temporal, ha sido extendida 21 veces sin una fecha de finalización clara.

Mientras tanto, la violencia cobra vidas: 90 masacres se reportan durante su vigencia, incluyendo tres solo en los últimos días, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Un país atrapado en la violencia

“Dos años y medio con una medida que ya perdió su esencia de temporalidad”, advirtió Castañeda.

A pesar de las declaraciones oficiales, la realidad en las calles contradice la narrativa de éxito: los crímenes múltiples, planificados y con signos claros de intervención del crimen organizado, siembran el terror.

Desde la ASJ insisten en que estas masacres evidencian que el estado de excepción no solo es ineficaz, sino que permite que el país se mantenga bajo un régimen de emergencia sin freno, ni control ni evaluación de resultados.

Estado de excepción sin sustento legal

La preocupación de la ASJ va más allá de los resultados. Castañeda subrayó que la última ampliación del estado de excepción no la ratificó el Congreso Nacional, lo que, a su juicio, la convierte en una acción ilegal del Ejecutivo.

“Se cumplió el número 21 y no se ratificó. Eso le da más fuerza al recurso de inconstitucionalidad que presentamos", explica Catañeda.

Además agrega que, "la Corte Suprema tiene la obligación de decirle al Ejecutivo que actúa fuera del marco legal y que esto traerá consecuencias graves al país”, expresó.

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¿Hasta cuándo?

Desde su instauración en diciembre de 2022, el estado de excepción se presentó como una herramienta para enfrentar la extorsión y el crimen organizado.

Pero hoy, más de dos años después, se convierte en una medida crónica que ni disuade ni previene, mientras las estructuras criminales operan con brutalidad.

“El fenómeno de las masacres se está saliendo de control”, dijo Castañeda. Y en ese escenario, la pasividad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional se vuelve cada vez más preocupante.

Un fallo que puede marcar el rumbo

La ASJ no baja los brazos. El país necesita que la Corte Suprema de Justicia actúe. Que emita ese fallo, que trace un límite claro entre la legalidad y el abuso del poder.

Porque, como advierte la organización, mantener el estado de excepción en estas condiciones no solo es ineficaz, es también un riesgo para la democracia y el Estado de derecho en Honduras.