El equipo legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que declara estado de excepción vigente en Honduras.

La organización argumenta que las prórrogas de esta medida no se ajustan a la ley y vulneran derechos fundamentales de la población. La última ampliación se hizo el 8 de enero, sin la ratificación del Congreso Nacional.

El estado de excepción fue instaurado el 6 de diciembre de 2022 mediante el decreto ejecutivo PCM-01-2023, como una estrategia del gobierno de Xiomara Castro para combatir el crimen organizado.

Imagen

La medida restringe derechos como la libertad personal, de asociación, de reunión y de circulación, así como la inviolabilidad del domicilio. En ese momento, las autoridades aseguraron que se trataría de una acción temporal para frenar delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.

No obstante, según el director de Seguridad y Justicia de la ASJ, Nelson Castañeda, la extensión reiterada del estado de excepción ha sido ilegal.

"Nos preocupa que se ha obviado lo que establece el artículo 187 de la Constitución de la República, el cual indica los procedimientos y límites para la suspensión de derechos constitucionales", señaló.

La suspensión de ciertas garantías constitucionales debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y ratificada por el Congreso Nacional en un plazo de 30 días. Además, la restricción no puede superar los 45 días por cada decreto.

Castañeda destacó que, desde su implementación, se han aprobado 18 decretos para prolongar el estado de excepción, pero solo uno ha cumplido con los requisitos legales. "Extender esta medida no es una decisión unilateral; requiere la aprobación del Congreso Nacional, algo que ha sido pasado por alto", denunció.

El gobierno ha defendido el estado de excepción asegurando que ha permitido reducir los índices de homicidios y extorsión. Sin embargo, la ASJ sostiene que las prórrogas vulneran derechos ciudadanos y no se han realizado conforme a la ley, por lo que buscan que la Corte Suprema de Justicia declare su inconstitucionalidad.